La Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. celebró el pasado viernes una sesión informativa en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico sobre las implicaciones de derechos civiles de la respuesta federal y el impacto del huracán María en la isla. 

Durante la sesión informativa pública, los comisionados atendieron a múltiples a expertos en la materia, como funcionarios gubernamentales, organizaciones de voluntarios, defensores no gubernamentales y académicos, quienes se expresaron sobre la situación.

"Estas son las cosas que para mí hacen que la comisión de Derechos Civiles cobre vida. Cuando yo vi lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico por María, y estaba observando lo que no se estaba haciendo, no me pareció como algo bueno, no me pareció como algo justo, no me pareció que estábamos haciendo lo que debíamos hacer para los ciudadanos de nuestro país, y por eso estamos aquí hoy", dijo Michael Yaki, comisionado.

Específicamente, la investigación se centró en los desafíos que enfrentan la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias federales al brindar ayuda para desastres y la recuperación.

Uno de los primeros deponentes fue el secretario de Estados, Omar Marrero, quien detalló los problemas previos al paso de los huracanes Irma y Maira que tenía Puerto Rico. El funcionario, además, aseveró que la respuesta de FEMA se dilató debido a la burocracia para la asignación y desembolso de fondos federales para atender la emergencia.

"Antes de los huracanes Irma y María, Puerto Rico ya estaba enfrentando problemas ocasionado por el hombre. FEMA usó a Puerto Rico como un laboratorio", dijo el funcionario.

De igual forma, asistió la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, detalló que la mayoría de los proceso administrativos de FEMA estaban en inglés, por lo que la ciudadanía enfrentó problemas adicionales para poder atender su necesidad.

"FEMA tiene que tener la capacidad de responder siempre. Definitivamente, el trato hacia Puerto Rico fue diferente a otras jurisdicciones de Estados Unidos. El trato fue diferente debido a que somos una colonia. La incompetencia de FEMA puso en riesgo miles de vidas puertorriqueñas", dijo la exalcaldesa.

Por su parte, la directora de operaciones de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro, resaltó que uno de los problemas principales fue que FEMA exigió que los ciudadanos afectados presentaran los títulos de propiedad, aunque la ley orgánica de FEMA o Ley Stafford no lo ordena.

"FEMA tiene una alta capacidad de preparación para los desastres, pero la crisis económica y los bajos salarios reducen la capacidad de preparación de los puertorriqueños ante cualquier desastre atmosférico", comentó Gossett Navarro.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para deponer sobre las lecciones aprendidas y se desarrollar las mejores prácticas para abordar los compromisos de derechos civiles en lo que respecta a la respuesta a desastres naturales en Puerto Rico.

Mientras, la directora ejecutiva de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia (FFAJ), Amaris Torres Rivera, recordó que tras el paso de los huracanes Irma y Maria por la isla ahora acepta formas adicionales de documentación para verificar los requisitos prueba de uso y titularidad, esto según la funcionaria mejora el acceso a la asistencia por desastre para las comunidades con escasez de recursos

"Este es solo un ejemplo de cómo FEMA pone en práctica las recomendaciones para seguir brindando asistencia de forma eficaz", aseguró.

A partir de esta investigación, la Comisión prevé emitir un informe al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca.