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Por Daniel Rivera Vargas

Cambios en la profesión legal, nuevos factores socioculturales, descenso demográfico así como los distintos escenarios atípicos son algunos de los factores que han provocado en las pasadas dos décadas una reducción en más de 40% de los casos presentados en los tribunales del archipiélago, según cifras oficiales del Poder Judicial suministradas a Microjuris.

De acuerdo con los datos, para el año fiscal 2005-2006 se presentaban 381,194 casos mientras que en el último año completo, 2021-2022, esa cifra ronda los 210,294, una pérdida de 44%.

Sin embargo, si se toma en consideración que en el 2006-2007 hubo 391,414, la caída entonces asciende a 46%. Un año fiscal se mide del primero de julio al 30 de junio de un año determinado.

Cifras oficiales

En casi 20 años los periodos fiscales de menos casos presentados fueron afectados por circunstancias naturales, como el de 2017-2018, con 166,773 casos, que corresponde al azote del huracán María y los años iniciales de la pandemia por el COVID-19, desde el 2019 hasta el 2021, con 160,592 y 163,213, respectivamente.

La realidad es que desde 2006 se fue reflejando una pérdida que, con excepciones, fluctúa en 20,000 a 40,000 casos que dejaron de presentarse. Todos, excepto uno, de los nueve renglones en los que la Administración de Tribunales dividió su estadística de casos presentados reflejaron bajas entre 2005 y 2023.

Donde único se refleja un alza es en la relacionada a «asuntos municipales».

A pesar de la pérdida poblacional, sin que haya concluido el presente año fiscal hay 86,040 casos presentados, un alza de 28% que en todo el año fiscal 2005-2006, cuando hubo 61,802.

Reacciones a la baja de casos

Con 19 años de experiencia en la judicatura, la honorable Carmen Otero Ferreiras, jueza administradora de la región judicial de Bayamón, reflexionó sobre las posibles razones para la baja en los casos, como por ejemplo el alza en casos que se atienden en foros administrativos, pero dijo que la principal razón es que hay menos gente en Puerto Rico.

«El país completo ha tenido una reducción poblacional por los pasados años», comentó la magistrada.

La baja en casos no se compara con la baja poblacional. Según el Negociado del Censo de Estados Unidos, Puerto Rico ha sufrido una baja poblacional de 11.8% entre 2010 y 2020.

El Censo se mide por décadas por lo que al comparar esos años decenales con años fiscales reportados por el Poder Judicial, 2009-2019 hubo 346,008 casos presentados frente a 2019-2020 en el que hubo 160,592, en ese periodo la reducción es de 53.58%.

Cuando se le planteó esa disparidad entre la pérdida poblacional y la baja en casos, la jueza dio detalles de cambios sociales y legales que pueden contribuir a cambios en la forma en que fluyen las controversias legales en Puerto Rico.

«Puedes ver que en casos municipales han incluso subido. Desde mi punto de vista puede ser el reflejo de una sociedad mayor de edad, porque nos han aumentado los casos de Ley 121 (de 2019, carta de derechos y política pública en favor de los adultos mayores), 118 (salud mental), y los casos de orden de protección bajo la Ley 54. Estos son casos que se atienden en el tribunal municipal», sostuvo.

Los tribunales están actuando ante esta nueva realidad, reveló.

En su caso, y como administradora de la región judicial de Bayamón, Otero Ferreiras ha optado por distribuir entre otros jueces casos que usualmente son de la competencia de salas municipales.

De esta manera, los jueces que ven juicios de casos penales ahora están en controversias relacionadas a boletos de tránsito, esto para aliviar la carga de trabajo a los jueces que ven los casos municipales.

Otra práctica que puede contribuir a que haya menos casos es que hay más mociones en un solo caso debido a que los profesionales del derecho actualmente no se limitan al horario del tribunal para radicar mociones sino que lo hacen de noche y durante los fines de semana.

La jueza no descartó que este aumento en las mociones podría llevar a que se resuelvan más controversias en un solo caso.

Por lo que, al haber menos mociones en el pasado, llevará a que se radicará más pleitos para resolver asuntos que de otra manera hoy se resuelven en un solo caso.

Evoluciona la tecnología

El Poder Judicial ha implementado nuevas tecnologías que facilitan las labores de los profesionales legales.

Como las videoconferencias, las cuales permiten que un mismo abogado o abogada civilista atienda casos en la mañana de la región judicial de Mayagüez y en la tarde otro en la región de Bayamón, algo que antes era casi imposible.

También está las posibilidades que representa para los abogados y abogadas el Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC) y someter escritos por la vía electrónica.

«No quisiera que se creara el falso sentido de que porque hay menos casos hay menos trabajo. En la medida que hemos evolucionado los procedimientos, por darle un ejemplo, la presentación de mociones en un mismo caso, consecuentemente hemos visto un aumento en las mociones».

«En el sistema de SUMAC, ves las mociones presentadas, en un mismo caso tenemos a los abogados presentando más mociones. Los abogados fuera de horas laborales, de noche, (antes tenían que limitarse al horario del tribunal), y tienes al abogado respondiendo inmediatamente al otro, y entonces el juez resolviendo en el fin de semana. La queja de las secretarias es que el juez al estar contestándole, al estar trabajando en el fin de semana, espera que el lunes por la mañana todo esté notificado temprano», sostuvo.

Asimismo, dijo que el Poder Judicial ha continuado creando salas para atender controversias particulares, como las salas especializadas en asuntos de salud mental, que con el énfasis en justicia terapéutica le permite a un juez dar seguimiento a ciudadanos.

Otero Ferreiras aseguró que esta práctica ayuda quizá a que esa persona a la que se le da seguimiento no cometa nuevo delito, y por lo tanto no hay un caso nuevo criminal contra esa persona.

Sobre la baja en los casos criminales, dijo que «abro el periódico todos los días y no es una baja en la criminalidad», pero agregó que podría ser «una inferencia razonable» atribuir que esa reducción se deba a que hay menos policías, pero declinó especular al respecto. Independientemente de las razones, lo que no hay duda es que esa baja en los casos es real, reconoció Otero Ferreiras.

«Hace 19 años atrás, cuando yo estuve en (la Sociedad para la) Asistencia Legal como abogada, y lo comentaba con abogados de Asistencia Legal en estos días, aquí antes no te daban las manos por la cantidad de expedientes y los casos en el área penal grave han disminuido. No quiere decir que la complejidad del caso ha disminuido, el tipo de litigación ha cambiado, la complejidad de la litigación ha cambiado, el manejo de casos ha cambiado«, sostuvo.

Otro factor para la baja en casos de familia puede ser las nuevas competencias notariales, que llevan a que por ejemplo los ciudadanos se divorcien en la comodidad de la oficina de su notario, y no van al tribunal, por lo que no se convierten en una estadística en el renglón de presentación de casos.

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Manuel Quilichini, los números estadísticos deben ser el comienzo de una conversación entre diversos sectores que lleve a entender «por qué» y la necesidad para la abogacía de repensar sus servicios.

«De manera bien preliminar, estos números podrían sugerir que la abogacía tradicional, de ir a los tribunales, está siendo impactada negativamente. Eso no quiere decir que esto esté mal, es que se necesita un reenfoque», sostuvo Quilichini.

Quilichini puntualizó que hay descensos en casos presentados que llaman más la atención que otros.

Ejemplificó que en la categoría de «casos civiles hoy se radica un 30% de lo que se radica antes».

Esto al comparar los 36,231 registrados del primero de julio a marzo de 2023 frente a las cifras de 2005-2006, cuando sumaron 120,362.

Mientras, en los casos bajo la categoría de «relaciones de familia», la baja es de un 72%, porque en el periodo 2005-2006 se presentaron 35,811, mientras que para los datos recopilados 2022-2023 la cifra era de 10,509.

Presentan posibles explicaciones

Sin embargo, en este renglón, Quilichini dijo que una posible explicación es que hace poco hubo una enmienda a la ley que permite a los notarios hacer gestiones como divorcios, y que esos divorcios por lo tanto ahora no pasan por el tribunal y no se convierten en estadística bajo «relaciones de familia».

Otra posible razón es que la baja en casos presentados en estas categorías de familia responde a cambios sociales, como la baja en la natalidad, que hay menos matrimonios y a la emigración.

«Familias completas se han ido a Estados Unidos, terminando teniendo problemas allá y no acá», sostuvo.

Asimismo, una baja «estrepitosa», pero que no necesariamente «es una mala señal» es en la baja en los casos de menores, dijo Quilichini.

Resulta que desde el 2019 para acá, apenas se presentan unos 700 casos judiciales anuales de «querellas contra menores», con solo 562 faltando tres meses para el año fiscal 2022-2023, mientras que en 2005-2006 se presentaban 7,147 casos.

«Tienes una reducción de 92% en casos de menores, como esto es bueno, tienes una reducción en penalizar a los jóvenes. Hemos estado cerrando las facilidades de menores, hay muchos programas de desvío y por lo tanto menos encarcelamiento de menores. Esto sugiere, y es positivo, que estamos adoptando un modelo más rehabilitativo y menos punitivo», sostuvo el presidente de los y las togadas.

Agregó que para hablar de que esa cifra de baja en «querellas de menores» responde a menos delincuencia es necesario tener información adicional.

«Lo que tenemos es la data de los tribunales, no de la policía, para poder decir si es una reducción en la criminalidad», sostuvo.

Sostuvo que hay que observar con detenimiento la baja en los casos de naturaleza criminal porque mientras en 2005-2006 se presentaban 69,874 casos, en 2022-2023, faltando tres meses para completar el año fiscal, sumaban unos 12,067 casos presentados.

«Es un 83% de reducción, pero no podemos hablar de que haya una reducción en la criminalidad. Así que los números nos muestran mucho menos trabajo en los tribunales, pero el origen no sabes si es que la policía no está interviniendo, la fiscalía no está radicando. Lo que te quiero decir es que los números así solos no nos dicen él porqué», afirmó Quilichini.

«Los compañeros que trabajan en el litigio criminal están sufriendo económicamente».

En un área relacionada, en el renglón de tránsito, en 2005 se presentaban sobre 27,000 querellas y esa cifra en la actualidad está en unos 4,549.

¿Eliminar plazas de jueces?

Esta baja en los casos presentados no es suficiente para concluir que, como se presentan estadísticamente menos casos, se puede achicar la judicatura y la cantidad de jueces en el país, afirmó.

Este tema se ha discutido recientemente en la Asamblea Legislativa.

Quilichini exhortó a realizar un análisis cualitativo, donde se evalúen el tipo de casos que se presentan, su complejidad, el tiempo que toma resolver los casos, las variaciones que puede haber por área judicial.

Resaltó que reducir jueces y tribunales tiene un impacto en el acceso a la justicia.

Quilichini aseguró que el cierre hace un tiempo de salas municipales dificulta que ciudadanos de escasos recursos presenten sus casos porque ahora es más lejos el lugar donde tienen que ir a dirimir sus controversias.

Dijo que sería conveniente ver áreas como Regla 60 de Procedimiento Civil , la cual facilita un proceso sumario de acciones de cobro de dinero de baja cuantía, o los casos de desahucio.

«No es tener un tribunal en cada barrio, pero mientras más cerca esté el tribunal del pueblo más la gente busca auxilio en el tribunal», comentó Quilichini.

Para el abogado es necesario medir el impacto de una reducción de jueces.

Por ejemplo, recordó que cuando ocurrió el retiro de numerosos jueces por recortes a sus pensiones, esto llevó a que la carga de trabajo recayera a otros magistrados, con el efecto de que se puede afectar la calidad del trabajo de los jueces. Esto se agravaría si se recortan plazas de jueces, reflexiona Quilichini.

«Esto es bien peligroso porque los estás sobrecargando... los tienes trabajando numerosas horas en la oficina, como tienen tanto trabajo se los llevan a sus casas, y tarde o temprano los vas a explotar», sostuvo.

Desde la Legislatura

El análisis sobre el tamaño de la judicatura se hace en virtud de la resolución de la Cámara de Representantes 867, del vicepresidente de ese cuerpo, José «Conny» Varela.

«Cuando yo practicaba la profesión iba al tribunal de Caguas, al de Aibonito y tu veías en cada sala de la lista de los casos que se veían ese día, y tu podías ver 30 casos, aquello estaba lleno, y ahora comencé a preguntar si la Administración de Tribunales estaba haciendo bien en cerrar salas, y ellos me dicen que sí, porque se ha reducido mucho la cantidad de caos", comentó Varela.

Varela espera que, una vez tenga un informe final, sus conclusiones puedan llevar a que se presente legislación que atienda los hallazgos.

El legislador dijo que puede que el resultado de la investigación lo que arroje no sea una crítica a la cantidad de jueces, sino encontrar que los jueces no están ubicados donde deben estar. «Debe hacer mejor distribución de recursos judiciales», sostuvo.