Según una noticia difundida por varios medios, en días recientes, un hombre ha sido encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón tras no poder pagar una fianza de $100,000 por alegadamente apropiarse ilegalmente de los plátanos y papayas de una finca. La noticia es escueta y solo matiza que la investigación de unos agentes de la Policía en Ponce culminó con la expedición de una orden de arresto por haberse violado el artículo 182 del Código Penal.

Lo casi lacónico de la descripción de los hechos no permite conocer si el hombre se apropió ilegalmente de grandes cantidades o apenas unos racimos; si se apropió de los frutos para alimentarse o venderlos; si lo hizo por necesidad o placer; por costumbre o impulso.

Si nos dejamos llevar por la especulación, inferimos que el acusado, un hombre de 31 años que actuó en solitario, no debía disponer de una gran infraestructura logística para revender el producto a gran escala por lo que el valor de lo sustraído no parece ser a priori en exceso cuantioso.

Un primer factor de estupor que se desprende de la noticia viene dado por la gigantesca fianza impuesta a alguien encausado por robar plátanos y papayas y que es evidente que le va a resultar imposible reunir $100,000, siquiera $1,000.

Parece imposible, cuando menos improbable, que el valor de lo robado pueda ascender a esos $100,000 establecidos como fianza.

Un segundo ingrediente no solo del asombro, sino de la tristeza, radica en el destino del acusado: la cárcel.

No dejan de conducir los hechos a un delito menor que quizá no necesite de la vía penitenciaria para saldar la deuda del acusado.

El tercer componente de la estupefacción lo es la divulgación de la identidad del acusado. La identidad del sujeto causante del delito ha quedado expuesta a la lectura de cualquiera y esa letra escarlata lo destroza reputacionalmente, porque cualquier rectificación, cualquier absolución, cualquier eximente posterior no logrará devolverle la integridad que la publicación de su nombre le ha causado.

Pero por encima de los aludidos matices, prevalece lo genérico: un hombre es encarcelado por no poder satisfacer una fianza de $100,000 por robar plátanos y papayas ¿para comer?, ¿para venderlos?

Es importante que la conducta no quede impune, pero sea como fuere, se trasluce un tufo a desproporción y una necesidad revisionista de las estructuras de rehabilitación y reinserción de Puerto Rico para que ni robar fruta se convierta en un modo de vida, ni la cárcel se erija como fondeadero único de necesitados.

Los trabajos en beneficio de la comunidad parecen un mecanismo más adecuado para subsanar este caso. Incluso, yendo más lejos, podría «condenarse» este delito con la sentencia de un trabajo remunerado (oferta sobra en nuestra isla) para detraer sistemáticamente de su salario las cantidades necesarias para compensar al propietario de la mercancía el valor de lo sustraído.

Una mayoría de individuos son rehabilitables y una mayoría de esa mayoría está deseando que alguien los ayude activamente, con la paciencia y atención necesaria que requieren, y no desde el abandono que supone una cárcel. Pero ello no se puede conseguir con la imposición de fianzas desproporcionadas, aislando y excluyendo a las personas y, mucho menos, mancillando sus reputaciones de por vida sin tan siquiera conocer si realmente es culpable y/o los motivos o el contexto tras los actos por los que se le acusan.

Hagamos introspección y revaluemos nuestras estructuras para lograr la reinserción y rehabilitación de los seres humanos sin lesionarlos irremediablemente en el proceso.