Por Daniel Rivera Vargas

Un centenar de profesores de las tres facultades o escuelas de Derecho de Puerto Rico se expresaron hoy en contra de la propuesta reforma judicial que se encuentra ante la consideración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Según los 101 profesores firmantes, el proyecto del senado 1096 altera el diseno de la constitución y esto no se puede hacer sin una enmienda a la Constitución. Esto no se puede hacer por el trámite usual de aprobar una ley. Las enmiendas constitucionales solo pueden ser aprobadas mediante unas altas votaciones entre los legisladores y luego deben ser ratificada en una elección.

"El Proyecto del Senado 1096, aprobado por la Asamblea Legislativa, propone cambios sustanciales a la estructura de gobierno y a la administración del Poder Judicial. La medida plantea serias objeciones constitucionales y riesgos operacionales que podrían afectar la independencia judicial, la protección de los derechos y el acceso a la justicia. Por estas razones, los profesores y las profesoras de Derecho que suscribimos esta declaración solicitamos encarecidamente que vete dicho proyecto de ley", reza la carta.

La propuesta reforma judicial elimina los jueces municipales y le quita facultades administrativas a la presidencia del Tribunal Supremo -actualmente en manos de una jueza nombrada por el Partido Popular Democrático, Maite  Oronoz, y le traspasa esos poderes a la mayoría de los jueces del foro -nombrados por el Partido Nuevo Progresista al que pertenece y ha dirigido en el pasado el actual presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Mas allá de que no se estaría cumpliendo con el mandato constitucional para aprobar una enmienda, según la carta firmada por los profesores hay numerosas otras razones para estar preocupados por el proyecto: la ausencia de una evaluación fiscal, incertidumbre con las fuentes de financiamiento, duplicidad de funciones, y afecta la estabilidad de la rama.

"La preocupación es institucional, no personal", se aseguró.

Profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Pontifica Universidad Católica están en la lista, que incluye a los exjueces Ana Paulina Cruz, Alfonso Martínez Piovanetti y Susana Serrano,  el exsecretario de Justicia William Vázquez, la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Vivian Godineaux, la actual presidenta Yanira Reyes Gil, y numerosas autoridades académicas del país.

«Reconocemos la importancia de modernizar el Poder Judicial, fortalecer su eficiencia y promover la transparencia y la rendición de cuentas, siempre dentro de los límites constitucionales y en respuesta a necesidades demostradas. Sin embargo, el P. del S. 1096 no constituye una simple reorganización administrativa: altera sustancialmente el modelo de gobernanza judicial al transferir al Pleno facultades que la Constitución asigna al Juez presidente. Esa redistribución plantea serias objeciones constitucionales y se aparta del entendimiento histórico, legislativo y jurisprudencial que ha regido la administración judicial», concluyeron los juristas.