Por Daniel Rivera Vargas

A quince años del caso conocido como Citizens United, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que abrió las puertas a donaciones de corporaciones para campañas políticas, profesores y conocedores reflexionaron para Microjuris sobre las repercusiones de esta jurisprudencia.

Citizens United v. Federal Election Comm’n

Según un resumen de la Comisión Federal de Elecciones, el caso Citizens United v. Federal Election Commission es una decisión de 2010 que revocó varios precedentes judiciales del alto foro. En un caso que tiene como telón de fondo una campaña de un grupo en contra de la exsenadora y exprimera dama Hillary Clinton en su primera aspiración a la presidencia en el 2008, el grupo demandó a la FEC alegando que era inconstitucional las prohibiciones de la ley federal para aportaciones políticas de corporaciones.

El Supremo federal resolvió que las restricciones atentaban contra "el mercado abierto de ideas de la libertad de expresión" y avaló las contribuciones. Anteriormente, según el FEC, jurisprudencia anterior veían este tipo de contribuciones como formas para prevenir «los efectos corrosivos y distorsionadores de las inmensas acumulaciones de riqueza que se acumulan con la ayuda de la forma corporativa y que tienen poca o ninguna correlación con el apoyo del público a las ideas políticas de la corporación»

Citizens United v. FEC

En su análisis del caso a 15 años de entrar en vigor, Fernando Torres Ramírez, profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, ex juez y exsecretario general de un partido político dijo que el caso tuvo un peso significativo en las campañas políticas.

Añadió que lo primero que hay que entender es que por la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos el caso de Citizens obligó a nivel local a reexaminar el tema de las aportaciones políticas de entidades y corporaciones.

"Se deben salvaguardar las protecciones de la primera enmienda, la libertad de expresión y de asociación", dijo Torres Ramírez.

De hecho, de los archivos de Microjuris surge que poco después de la opinión de Citizens, el entonces gobernador Luis Fortuño convirtió en ley enmiendas a los estatutos locales electorales para atemperarse a lo resuelto por Citizens, afirmando que Puerto Rico era una de las primeras jurisdicciones en adoptar en su ley la nueva jurisprudencia.

Sin embargo, Torres Ramírez dijo que con esa validación de las contribuciones políticas como parte del ejercicio de libertad de expresión y asociación de entidades y corporaciones hubo "consecuencias que sabemos son negativas".

Se refiere a que las personas jurídicas como las corporaciones tienen una capacidad mayor de impactar la opinión pública que las personas en su carácter individual, por el desbalance económico. Al respecto, dijo que en su experiencia en la política partidista recuerda que los individuos enviaban por correo aportaciones a principios del 2000 por correo, y se trataba de donativos que a veces eran  tan modestos como $2 o $5.

"Hay una teoría de que el sistema electoral está predicado en ‘one man one vote (un hombre, un voto)’... desde el punto de vista de la teoría del peso del voto en la urna, esa es la descripción, pero aunque mi voto tiene el mismo voto en el escrutinio, mi participación no es equivalente al que tiene mayor capacidad económica", sostuvo.

"Hay un desbalance, una desventaja de los ciudadanos ante estas organizaciones", añadió.

Agregó que hay que ver el impacto de la decisión no solo en el asunto directo de las contribuciones, sino cómo estas pueden afectar en la sociedad en la medida que haya políticas que sean influenciadas por los cabilderos de los grupos que hicieron grandes aportaciones a su campaña.

De otra parte, para el profesor de Derecgi Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y también abogado que ha participado en numerosos casos electorales, Carlos Gorrín Peralta, puso fin a las doctrinas existentes para la época de restringir los gastos en los que decidan incurrir de forma independiente a los candidatos.

"No se puede regular lo que has gastado independientemente, dizque sin coordinación de los partidos políticos. Pero, eso podríamos casi apostar que es altamente cuestionable", sostuvo el catedrático.

"De todos modos, eso significa que las personas jurídicas, las corporaciones, tienen un doble megáfono, cada una de las personas que la componen, porque las corporaciones están conformadas por personas, pueden amplificar sus palabras", sostuvo el profesor. 

Gorrín Peralta dijo que Citizens es para algunos una decisión extremadamente neoliberal, pero en realidad no tiene nada de nuevo. "Es un regreso a los tiempos del siglo 19, donde se decía que la libertad era muy amplia y donde no se podía meter el gobierno a regular la libertad", sostuvo.

Añadió que esta decisión del Supremo de Estados Unidos tiene el efecto de crear un desbalance en la democracia, a favor de los grandes intereses económicos y el llamado 1% de la sociedad.

"En la medida que el mensaje de gran capital se amplifica, no solo por las palabras individuales, sino que se multiplica por el mensaje que pueden desarrollar las corporaciones, especialmente las grandes corporaciones a favor de candidatos y partidos que los vayan a favorecer, es una institucionalización de la corrupción política", sostuvo. 

"No todos los mensajes tienen el mismo peso, y los mensajes que favorecen al gran capital pesan mucho más... es una adulteración del sistema democrático... tratan de manipular la opinión pública y el ejercicio del sufragio electoral a billetazo limpio", indicó.

Aunque entrevistados por separado, tanto Gorrín Peralta como Torres Ramírez coinciden en que no hay ambiente en la judicatura federal para modificar Citizens.

Mientras, para abogados observadores de la casuística federal como el licenciado Arturo V. Bauermeister, libertario con tendencias conservadoras, resaltó las virtudes de la trascendental decisión.

"Quince años después, Citizens United sigue siendo una decisión constitucionalmente impecable y empíricamente funcional", dijo el abogado admitido en el foro estatal y federal. 

Según Bauermeister, no es correcto ver el caso Citizens United como "el villano de la democracia", sino más bien como "su vacuna frente a la censura estatal".

"El fallo reafirmó un principio constitucional elemental: que el gobierno no puede decidir quién tiene derecho a participar en el debate público ni qué voces merecen ser escuchadas. El remedio a la influencia desproporcionada no es silenciar voces, sino abrir al escrutinio público los flujos de dinero político y confiar en el elector. Limitar la expresión política por el origen corporativo o asociativo del emisor no corrige las desigualdades, sino que introduce un poder mucho más peligroso, a saber, el del Estado como árbitro de la palabra", dijo el letrado.

Bauermeister dijo que Citizens no solo es un fallo a favor de entidades como corporaciones, sino también uniones y grupos obreros, que ya en Puerto Rico han comenzado a auspiciar mediante el mecanismo de Super Pacs a partidos políticos.

"El fallo amplió la capacidad de incidencia política de todo tipo de colectivos, de izquierda y de derecha, empresariales y sindicales por igual", afirmó.

"Ha sido malinterpretada como una licencia para la corrupción, cuando en realidad es un recordatorio de que la corrupción se combate con reglas claras de divulgación, no con mordazas legales. El desafío que tenemos por delante no es jurídico, sino regulatorio", afirmó. "Como escribió el juez Brandeis en su famosa opinión concurrente en Whitney v. California (1927), ‘The remedy to be applied is more speech, not enforced silence.’ Y ese sigue siendo el mejor antídoto contra los excesos del poder y las tentaciones del paternalismo", agregó.