A cuatro años desde que se firmó el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA), todavía el archipiélago no ha visto uno de los cuatro presupuestos balanceados para cumplir con los objetivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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«Con el modelo de PROMESA no se conseguirán los cuatro presupuestos balanceados. Además, no hemos establecido el monto de la deuda a pagar. Los últimos planes fiscales han sido un gran signo de interrogación», sostuvo el autor del curso A Financial Oversight and Management Board is hereby established for Puerto Rico": Análisis e interpretación de la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli Jiménez.

«La implantación de PROMESA también ha resultado muy difícil. Aunque pareció ser un esfuerzo bipartita pensando que Puerto Rico alcanzaría responsabilidad fiscal, no tomaron en cuenta la relación política para lograr crecimiento económico», agregó.

El licenciado Emmanuelli Jiménez también señaló que Puerto Rico tampoco ha logrado estados financieros auditados desde el 2016.

«El otro fallo dramático es que no han querido definir los servicios esenciales y no se sabe qué se debe reservar para cubrirlo», señaló.

Además, el licenciado señaló que si la Junta de Supervisión Fiscal logra generar el primer presupuesto balanceado en el 2022, como está propuesto, «en tres años más encontrarán más déficit estructural».

«Estamos en un callejón sin salida. La economía no va a crecer con austeridad. Se va a ajustar la deuda y después no podremos atenderlo», agregó.

Mientras tanto, la Junta de Supervisión tiene hasta el 15 de julio de 2020 para presentar el estatus de los planes fiscales y el itinerario de ajuste de deuda ante el Tribunal de Quiebra.

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El licenciado José Bagué Soto, del bufete Del Toro & Santana, explicó a Microjuris.com que la responsabilidad de pagar las deudas y salir de la crisis económica le corresponde al gobierno de Puerto Rico.

Para Bagué Soto, la ley PROMESA no ha logrado su cometido porque «la clase política le ha fallado al pueblo».

«Aceptar un programa económico de un gobierno grande como motor para crear empleos y manejarlo con altas contribuciones y una política anticomercio es un modelo que no funciona en el siglo 21», explicó Bagué Soto.

«No comprenden que la clave para salir de PROMESA está en salir con cuatro presupuesto balanceados. Esto es como niños malcriados que quieren seguir el modelo de Argentina: cogiendo más préstamos sin pagarlos», sostuvo.

Bagué Soto también explicó que la Junta de Supervisión Fiscal «no le debe pasar la papa caliente» a la Asamblea Legislativa. «Que la gente llore, pero necesitamos un presupuesto balanceado», explicó.

«¿Por qué hay que esperar hasta el 2022? ¿Por qué no podemos cumplir con la ley ahora? Hay muchos intereses que quieren coger del barril de tocino y hay que hacer sacrificios. Como pueblo, debemos tener la voluntad para hacer esos sacrificios», puntualizó.

El licenciado Bagué Soto también propuso que se considere el agua como un servicio esencial. «El dinero que hay debería ir ahí», sostuvo.

Contexto

Los cuatro años desde la firma de PROMESA se dan mientras renuncia el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III. También renunció el miembro de la la Junta Fiscal, Carlos M. Rivera.

Cuando los miembros de la Junta Fiscal fueron nombrados, surgió una controversia sobre si había sido de forma constitucional.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) declaró en una decisión unánime la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

La decisión plantea que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal no tienen que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, como establece la cláusula de nombramiento de la constitución estadounidense para los funcionarios públicos de Estados Unidos.

En cambio, la corte establece que a la junta de supervisión no le aplicaba la cláusula de nombramiento porque sus deberes son principalmente locales y no federales.