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La Asamblea Legislativa aprobó ayer en Conferencia la medida que busca suspender temporalmente el arbitrio sobre la gasolina y el diésel, mejor conocido como "la crudita", por un término de 45 días.

La Resolución Conjunta del Senado 240, ahora pasa a Fortaleza para la firma o veto del gobernador Pedro Pierluisi.

La exposición de motivos del proyecto manifiesta que las tensiones militares en Ucrania, como consecuencia de la invasión rusa, han generado un aumento vertiginoso en el costo de la gasolina en Puerto Rico y el mundo, y a su vez una alta inflación que se prevé siga en aumento, afectando así desde servicios básicos, como lo son los recursos energéticos, hasta todo lo relacionado con la industria de alimentos, entre otras cosas.

Según la medida, el Departamento de Hacienda ha logrado recaudar ingresos netos en exceso de las cantidades proyectadas en Fondos Generales, por encima de las proyecciones establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal, por lo que establece que dicha moratoria deberá financiarse con cualquier exceso de recaudos del Fondo General.

A su vez, sugiere que en caso de ser necesario, se considere también financiarse con la Reserva de Emergencias, o con el Plan de Rescate Estadounidense de 2021, o con cualquier otra fuente de ingresos estatales o federales, o la combinación de estas.

La medida fue aprobada unánimemente en la Cámara de Representantes.

Enmiendas de la Cámara acogen propuesta de proyecto de administración

Las enmiendas de la Cámara acogen lo propuesto por el Proyecto de la Cámara 1297, un proyecto de administración que también propuso viabilizar la suspensión de "la crudita". Sin embargo, el Senado no concurrió con algunas de estas enmiendas, por lo que solicitó Conferencia. Ambos cuerpos aprobaron unánimemente el informe del Comité de Conferencia

El texto del proyecto de administración, que fue integrado a la RCS 240 en la Cámara, contempla que la pérdida de ingresos sería compensada mediante una declaración de dividendo extraordinario de una cantidad de $50 millones a los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC).

Este dividendo será sujeto a la imposición de una contribución especial y única de 50%. De avalarse la declaración del dividendo por la Junta de la ASC, la aseguradora realizará un pago especial de $25 millones al Departamento de Hacienda, agencia que depositará la partida al Fondo General.

Entre las enmiendas también se incluyó una orden al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  a mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diesel.

Oposición de la Junta de Supervisión Fiscal

El pasado 23 de marzo, el asesor legal general de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Jaime El Koury, emitió una carta sobre la versión original de la Resolución Conjunta en la que expresa su oposición preliminar debido a que, según sus estimados, la implementación podría impactar los recaudos del gobierno por aproximadamente $25 millones sin medidas que lo neutralicen. 

"El desempeño positivo en los recaudos del Departamento de Hacienda que, como vimos, ronda el 21% en el caso de fuentes ordinarias del Fondo General y 15% en el caso del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso), es suficiente como para absorber el impacto estimado en recaudos del Fondo General de $25 millones que propuso la JSF", explicó Pantoja.

La medida fue presentada por el presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago.