Uno de los proyectos que se aprobó durante la recién concluida sesión legislativa lo fue el Proyecto de la Cámara 1004, una medida que busca enmendar la Ley Núm. 83- 1941, conocida como la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, para establecer un sistema formal y transparente de procesamiento de querellas presentadas por los consumidores del servicio eléctrico.

Esta iniciativa legislativa, de la autoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Hernández Concepción, dispone que la empresa encargada de administrar el sistema eléctrico de Puerto Rico deberá implantar y mantener un mecanismo que impida el cierre injustificado de reclamaciones sin que exista una resolución efectiva para el consumidor.

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Según se expone en la pieza legislativa, en los últimos años se ha observado un patrón recurrente de situaciones en las cuales ciudadanos presentan querellas relacionadas con interrupciones del servicio, facturación, daños a enseres y otros asuntos administrativos, las cuales no son atendidas adecuadamente por la empresa que actualmente administra la red eléctrica, LUMA Energy, y en muchos casos, dichas reclamaciones se cierran sin ofrecer una contestación clara o una solución al planteamiento original del ciudadano.

El proyecto de ley plantea que esta práctica provoca desinformación, falta de transparencia y una situación de indefensión para los consumidores en su relación con el proveedor del servicio eléctrico.

Ante esta realidad, la medida establece la creación de un sistema uniforme de procesamiento de querellas que documente cada etapa del trámite, incluyendo la fecha y hora de radicación, la unidad o división responsable del caso, las acciones tomadas y la determinación final.

Asimismo, la propuesta legislativa dispone que ninguna querella podrá ser cerrada sin que exista una explicación escrita, debidamente notificada al consumidor, que detalle la acción tomada, la resolución ofrecida y la decisión final sobre el caso.

La legislación también garantiza que el consumidor pueda verificar electrónicamente el estatus de su reclamación, al tiempo que prohíbe la creación de nuevos números de querellas para una misma incidencia que no haya sido resuelta desde su radicación original hasta el cierre definitivo del caso.

Con esta propuesta, se busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de reclamaciones relacionadas con el servicio eléctrico, así como garantizar a los ciudadanos un proceso justo y efectivo para la atención de sus querellas.

Una vez el proyecto llegue al escritorio de la gobernadora para su consideración, la mandataria deberá decidir si lo firma para convertirlo en ley o lo veta.