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La Cámara de Representantes de Puerto Rico acogió las enmiendas del  Proyecto del Senado 665, que tiene el objetivo de crear la Ley de Política Pública para la Infraestructura de Puerto Rico.

El proyecto de ley ordena crear una junta multisectorial a cargo de elaborar un plan de desarrollo, evaluación, atención y mejoras de la infraestructura necesaria para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico para los próximos 30 años, que tome en consideración los cambios climáticos y tecnológicos, con especial énfasis en las 10 áreas más críticas de la infraestructura pública y de servicios, tales como el agua potable y aguas usadas, el desarrollo económico, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, informática y ciberseguridad, la infraestructura esencial, el manejo y disposición de desperdicios sólidos, la movilidad, transportación y carreteras, los permisos, los puertos, y la infraestructura natural.

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La exposición de motivos de la pieza legislativa destaca la importancia que se le debe dar a la infraestructura del país, no solo para que se pueda proteger de tormentas y sismos, cada vez más severos, sino para facilitar los esfuerzos de recuperación después de un evento importante, y señala que la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), Capítulo de Puerto Rico, elaboró recientemente un documento titulado 2019 Report Card for Puerto Rico’s Infrastructure, que consiste en un informe de calificaciones sobre el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el propósito de proporcionar recomendaciones a la Asamblea Legislativa.

A su vez, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elaboró y aprobó un plan titulado Infraestructura 2030, donde ofrecen unas recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender con prioridad en los próximos diez años.

Según se indica, la ASCE evaluó las siguientes categorías de infraestructura otorgando los siguientes resultados: puentes, D+; represas, D+; agua potable, D; energía, F; puertos, D; carreteras, D-; desperdicios sólidos, D-; y aguas residuales, D+, concluyendo que el promedio de las categorías de infraestructura examinadas fue de D-, que significa una infraestructura en condición pobre o en riesgo, lo que es inaceptable y requiere pronta atención.

Por otra parte, en la categoría de las represas se otorgó una calificación de «D+», y en la categoría de agua potable se obtuvo la calificación de «D», lo cual también sugiere pronta atención ya que los sistemas públicos de agua sirven aproximadamente al 96% de los 3.3 millones de residentes de Puerto Rico.

La medida expone que tanto el 2019 Report Card for Puerto Rico’s Infrastructure de ASCE como el plan de Infraestructura 2030 del CIAPR, proporcionan su evaluación sobre las condiciones y necesidades actuales de infraestructura y hacen recomendaciones sobre cómo mejorar las calificaciones recibidas, identificando como prioridades las siguientes áreas: (1) agua potable y aguas usadas; (2) desarrollo económico; (3) energía eléctrica; (4) telecomunicaciones, informática y ciberseguridad; (5) infraestructura esencial; (6) manejo y disposición de desperdicios sólidos; (7) movilidad, transportación y carreteras; (8) permisos; (9) puertos; y (10) infraestructura natural, y sugiere que dichas mejoras se llevarán a cabo en tres etapas.

El proyecto dispone que la primera etapa deberá cumplirse en el término de diez años, la segunda etapa debe cumplirse en el término de 20 años, mientras que la tercera etapa en el término de 30 años.

Asimismo, se ordena la creación de una Junta Multisectorial, la cual tendrá a su cargo la creación de un plan decenal de infraestructura con el fin de evaluar, atender y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, y la misma estará adscrita a la Junta de Planificación, teniendo como fin identificar proyectos críticos de reconstrucción, recomendar metas y prioridades claras para su ejecución, evaluar el cumplimiento ágil y eficiente de las normas ambientales, y al mismo tiempo, recomendar medidas para agilizar los permisos y el cumplimiento con los estatutos y normas federales y locales aplicables. De igual forma, se les ordena preparar en un término no mayor de tres meses un Reglamento con las guías de funcionamiento operacional de la propia Junta, incluyendo, entre otros asuntos, su organización administrativa.

La medida entre otras cosas, hace énfasis en la urgencia con la que se debe atenderla infraestructura en áreas críticas como lo es la red eléctrica, la red cibernética, los vertederos, así como también estructuras como las escuelas que confrontan el problema de la columna corta, por la gran preocupación que se ha generado en la ciudadanía sobre la seguridad de sus edificaciones.

Este proyecto, que había tenido que rendir un informe de Conferencia, y que había sido ya aprobado por el Senado durante el primer día de sesión el 9 de enero de 2023, fue aprobado esta semana por la Cámara de Representantes, por lo que pasará ahora a La Fortaleza al escritorio del gobernador para su posible firma o veto.

La medida fue radicada por la senadora Elizabeth Rosa Vélez, y tiene como coautores a los senadores Juan Zaragoza Gómez y Ramón Ruiz Nieves.