Por Daniel Rivera Vargas

Aunque el Tribunal Supremo federal bloqueó que la administración de Joe Biden aplique el requisito de que los empleados de las grandes empresas se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y lleven una mascarilla en el trabajo, en Puerto Rico sigue vigente la vacunación obligatoria en las empresas.

Conocedores del derecho laboral explicaron a Microjuris las implicaciones de las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación a la batalla contra el coronavirus, fallos emitidos ayer que llevaron a un llamado del gobierno federal para que empresas voluntariamente adopten regulaciones a favor de la vacunación de sus empleados.

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"Los patronos en Puerto Rico todavía tienen que cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador en cuanto a la vacunación", dijo Carlos Saavedra, abogado en el bufete Jackson Lewis y exsecretario del Departamento del Trabajo, a Microjuris.

"Las órdenes ejecutivas del gobernador Pierluisi continúan vigentes, y los patronos privados pueden adoptar sus políticas de vacunación conforme a esas", sostuvo por su parte la abogada practicante en temas laborales Nany Marchand, socia capital de Ferruauoli LLC.

Supremo federal bloquea mandatos de vacunación contra el COVID-19

Hay varias órdenes ejecutivas de Pierluisi mandando la vacunación en ciertos sectores, como en empresas de más de 50 empleados, como a contratistas, como de «booster», a hospederías, entre otros.

En una decisión dividida, el Tribunal Supremo federal detuvo ayer el mandato del presidente Joe Biden para hacer obligatoria la vacunación en empresas con más de 100 empleados, lo que hubiera impactado a millones de empleados del sector privado, esto al validar un interdicto.

Los fallos se produjeron tres días después de que la medida de emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) comenzará a entrar en vigencia.  OSHA anunció que no iba a emitir antes del 10 de enero citaciones relacionadas con su orden de vacunación obligatoria.

"Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia", escribió la corte en una opinión sin firmar.

Marty Walsh, secretario del Trabajo de Estados Unidos, se expresó decepcionado con la prohibición a la vacunación compulsiva e hizo un llamado al sector privado a proteger a sus empleados contra el COVID-19, según un comunicado de prensa.

"Urgimos a todos los patronos a requerir a sus empleados vacunarse o a hacerse pruebas semanalmente para de la forma más efectiva combatir este mortal virus en las áreas de trabajo. Los patronos son responsables de la seguridad de sus obreros en el trabajo, y OSHA tiene suficientes guías para ayudarlos a cumplir con su obligación", dijo Walsh en declaraciones escritas.

La administración Biden no se fue del todo con las manos vacías ayer del alto foro federal, porque en otra decisión el Tribunal Supremo sí validó la directriz que obliga la vacunación en las empresas que reciben fondos federales de programas como Medicaid y Medicare.

En Puerto Rico, el virus está cobrando altísimas cifras de muertes, con cerca de 80 fatalidades reportadas entre miércoles a viernes, según los datos del Departamento de Salud.

En entrevistas por separado, Saavedra y Marchand coincidieron en que la decisión del Supremo sobre el mandato de vacunación no afecta a Puerto Rico porque en la isla está vigente una orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, pero sí aplica la segunda decisión

Saavedra explicó que la decisión prohibiendo la vacunación obligatoria fue un interdicto preliminar, por lo que el caso seguirá discutiéndose en los méritos en cortes inferiores.

La decisión del Supremo federal no tiene efecto en la isla porque la orden ejecutiva del gobernador se ancla en derecho en una base diferente, en la autoridad que le da la Ley 20 de Seguridad Pública, estatuto cuya aplicación en emergencias ya ha sido validada varias veces en los tribunales estatales.

«Esa decisión refuerza nuestros mandatos de vacunación, al validar un esquema similar. Es decir, un mandato de vacunación que permite las excepciones médicas y religiosas. La decisión del Tribunal Supremo Federal reconoció la información científica en la que se fundamentó el mandato, que la vacuna es un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus, la razonabilidad de la medida, entre otros asuntos importantes de estos mandatos. Ante ello, continuamos enfocados en atender adecuadamente la emergencia e implementando las medidas necesarias para combatir esta pandemia de COVID-19», dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Agregó que siempre podría alguien intentar disputar las órdenes ejecutivas del gobernador luego de la decisión del Supremo federal, pero la realidad es que este fallo desde Washington es de corte administrativo, porque lo que resuelve es que la OSHA se extralimitó en sus facultades y que la directriz era demasiado amplia porque aplicaba a todos los empleados. Explicó que el Supremo federal no entra en elementos de intimidad de carácter constitucional.

"Desde mi opinión, no queda espacio para argumentar que no se puede obligar a vacunarse, eso no fue lo que resolvió el Supremo, eso es importante porque hay muchos estados con mandatos similares al de Puerto Rico". "Lo que se decidió es que OSHA usó un ‘blunt instrument’, en buen español un machete... afecta en general... Si fuera solo a profesionales  de la salud, a personal que trabajan conglomerados, sería un poco más bisturí, pero al ser tan amplia, a todos los empleados el Supremo entendió que OSHA se excedió", sostuvo Saavedra.

Sobre la otra decisión, la de la agencia CMS que tiene que ver con los fondos Medicaid y Medicare, Saavedra dijo que sí aplica a Puerto Rico. "Los patronos que tengan que cumplir con esa orden tienen  que cumplirla", sostuvo.

Mientras, Marchand dijo que la decisión del Supremo en contra de la vacunación está bien fundamentada, basado en que el mandato era demasiado amplio, donde la agencia no pudo efectivamente distinguir el problema del coronavirus como algo laboral y no "un problema del mundo", por lo que se trataba de una extralimitación, y procedía paralizar el mandato.

Marchand sostuvo que las directrices del gobernador Pierluisi continúan vigentes. "El Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica no atendió el asunto desde la óptica de vacunación mandatoria a nivel privado y mucho menos a nivel estatal... atendió un problema puntual de OSHA", afirmó.

La decisión de CMS y los fondos federales se distingue a la de OSHA porque se limita a un grupo pequeño de empleados, los relacionados a la fuerza laboral de salud. "El Tribunal Supremo entendió que había un interés apremiante de continuar protegiendo a los empleados que protegen la salud"

Esta decisión afecta a todos los hospitales, asilos, cuidos, centros de tratamiento de diálisis, todos esos proveedores de salud que reciben fondos federales por Medicaid y medicare, precisó.

Finalmente, Marchand se hizo eco de las expresiones del secretario del Trabajo federal y dijo que, independientemente de la cantidad de empleados, las empresas deberían considerar exigirle a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19.

"Una de las prioridades que deben tener los patronos es proveer un ambiente de trabajo en el que se proteja la salud", sostuvo Marchand.