Por Daniel Rivera Vargas

A una década de la aprobación de la Ley federal de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un foro sobre las posibilidades reales de su salida se convirtió en un espacio para que diversas voces criticaran la trayectoria de la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

El intercambio ocurrió a instancias de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, que organizó el conversatorio "Una Junta diseñada para quedarse: Poder, permanencia y condiciones de salida de PROMESA", con la participación de abogados, economistas y otras figuras reunidas en un anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

"Es una conversación difícil, pero es muy necesaria", dijo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico y moderadora del panel. "Se nos va la vida. Estamos en momentos cruciales".

Se recordó que la Ley PROMESA —que da vida a la Junta— se aprobó hace ya 10 años, el 30 de julio de 2016, con el objetivo de atender la deuda fiscal del gobierno, que se ha dicho se estima en $70,000 millones. La Junta de Supervisión ha afirmado que en esta década de existencia ha logrado un recorte de un 80 % de la deuda, pero hay voces —se dijo en el foro— que señalan que el recorte real logrado por la Junta solo es de 19 %.

El foro, celebrado en un anfiteatro repleto, comenzó con cada uno de los seis panelistas ofreciendo una disertación de cuatro minutos y luego se contestaron preguntas. Entre los participantes estuvieron la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, experta en PROMESA; el doctor José Caraballo Cueto, economista; Luis Valentín, periodista del Centro de Periodismo Investigativo (CPI); la licenciada Annie Rivera Cruz, notaria pública y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; la doctora María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU); y el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La licenciada Méndez Colberg fue la primera ponente. Recordó que PROMESA, la ley que establece a la Junta de Supervisión, surge en momentos en que el gobierno acumuló una enorme deuda, pero no había mecanismos legales para reorganizarla por una enmienda a la ley federal de quiebras de 1984 y luego de que, en el caso Franklin, el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidara una ley de quiebra local.

La respuesta del Congreso fue crear una entidad con enormes poderes, incluyendo, básicamente, determinar cuándo concluye sus labores, porque la condiciona a lograr cuatro presupuestos balanceados y acceso a los mercados de crédito a tasas razonables, a lo que la deponente añadió la frase "whatever that means" ("lo que sea que eso signifique").

"PROMESA no tiene fecha de expiración", sostuvo.

Un hilo conductor que se repitió en varias ocasiones en el foro, y que comenzó a elaborar Méndez Colberg, es que la Junta de Supervisión existe porque Puerto Rico, por su estatus colonial, está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y la Junta es un derivado de esa realidad.

"La Junta de Control Fiscal" —que fue la forma en que los deponentes identificaban una y otra vez a la Junta de Supervisión— "vino a controlar porque así el Congreso lo autorizó", dijo Méndez Colberg. "PROMESA operacionó la colonia", mencionó.

Por su parte, el doctor Caraballo Cueto dijo que en un libro de su autoría enumeró cuatro puntos positivos de la Junta de Supervisión y 29 puntos negativos. No entró en todos ellos porque el foro tenía tiempo limitado: cada disertación inicial era solo de cuatro minutos, aunque luego tuvieron algún tiempo adicional para responder preguntas.

Como parte de la gestión de la Junta de Supervisión, Caraballo Cueto afirmó que esta no ha combatido la corrupción, como algunos esperaban, a pesar de que no era parte de su mandato de ley. Añadió que es un ente con grandes conflictos de intereses y enormes salarios, algunos de $600,000, "casi sin supervisión", con recortes a instituciones valiosas, como la Universidad de Puerto Rico, funciones que van más allá de la fiscalización económica y gastos poco justificados.

"Yo diría que han hasta legislado... [por ejemplo] para viabilizar la privatización de los muelles", sostuvo Caraballo Cueto. "Ha habido cerca de $300 millones en gastos que no tienen nada que ver con Título III, que tienen que ver con comunicaciones y relaciones públicas", aseveró el también profesor en la UPR.

Por su parte, el periodista Valentín dijo que la Junta tiene un presupuesto de $60 millones, opera desde un cómodo espacio en la Milla de Oro, pero se parece muchísimo a una agencia de gobierno.

Añadió que, con el paso del tiempo, la Junta ha evolucionado, contratando a más puertorriqueños para diversas posiciones, como el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, y con una mayor presencia en medios y actividades de distintos sectores, lo que entiende es una estrategia.

"Las operaciones de la Junta hacen forzosa la conclusión de que están más cómodos en Puerto Rico que de salida", dijo Valentín, cuyo medio ha trabajado historias sobre la permanencia de la Junta.

Asimismo, la profesora Rivera Cruz, quien trabaja temas como vivienda, objetó actuaciones de la Junta, como un comité de evaluación de bienes inmuebles que tiene una disposición que deja sin efecto cualquier reglamento.

Asimismo, la Junta intervino en cinco de las 10 resoluciones legislativas de traspaso de titularidad entre 2020 y 2024, atrasando el proceso mediante el cual muchas familias advienen dueñas del terreno donde viven, indicó.

También, la Junta se ha impuesto en las operaciones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), ordenando que se emitan 8,000 facturas mensuales por deudas de "bienes inmuebles", aumentando —en su opinión— la posibilidad de que la gente pierda esos "bienes inmuebles", que no son otra cosa que las casas de las personas que no han podido pagar su deuda contributiva.

"Los efectos de la Junta no son solo efectos a nivel de Derecho, sino en el día a día de las familias de Puerto Rico", sostuvo.

De otra parte, la profesora de la UPR de Cayey y presidenta de la APPU dijo que la Junta no viene a fiscalizar, sino a gobernar, y que hay que atacar lo que llamó la "mentira que se repite tanto en televisión" de que "la Junta es un mal necesario".

"No debemos pensarla como un problema económico, sino como un problema político", sostuvo.

Afirmó que el ente fiscal ataca a grupos tan diversos como sindicatos —está interviniendo en algunos procesos de negociación colectiva como si fuera un patrono—, municipios e instituciones como la Universidad, lo que ha llevado a que Puerto Rico esté hoy peor que hace 10 años, cuando entró en operaciones la Junta.

Exhortó a un cambio de estrategia para combatir la Junta, con ofensivas variadas, desde los tribunales hasta las calles y los negocios en los que estén involucrados sus integrantes.

"La Junta no es tan fuerte como se presenta", aseveró. "Hay que quitarles la paz a ellos... y quitarles el poder".

Finalmente, el licenciado Arraiza dijo: "Entre todos los panelistas coincido en que la Junta es un gobierno superpuesto sobre nuestro gobierno electo. Nos guste o no nos guste, están gobernando en Puerto Rico".

Jurídicamente, según Arraiza, la Junta de Supervisión ha afectado derechos al paralizar 15 años de pleitos por violaciones de derechos civiles y gozar de una inmunidad mayor a la que posee el gobierno local, esto en beneficio de los mejores acuerdos posibles para los inversionistas que prestaron dinero al gobierno.

"La Junta vino a hacer posible el repago a los bonistas, a los buitres, a Wall Street. La Junta no representa al Estado Libre Asociado, ¿o es que somos tontos?", afirmó.

Luego de las disertaciones, comenzaron las preguntas. Méndez Colberg puso en duda el pronto fin de la Junta de Supervisión porque, al estar inmersa en un proceso de reorganización parecido a una quiebra, en las quiebras los representantes de los deudores pueden estar mucho tiempo. Por ejemplo, dijo, en el caso de Detroit, su junta se mantuvo operando 13 años después de que se firmó el plan de ajuste.

"El caso de quiebra no termina con un plan de ajuste", reiteró.

También indicó que la Junta responde a la desconfianza total en el gobierno.

De otra parte, el economista Caraballo Cueto afirmó que los requisitos de ley para que la Junta deje de operar ya están cumplidos —hay presupuestos balanceados desde 2017 y Puerto Rico ya logró acceso a los mercados financieros al lograr una venta de bonos—, pero desde la Junta de Supervisión hacen interpretaciones de la Ley PROMESA sobre asuntos que no están en el estatuto.

Por ejemplo, la primera directora ejecutiva, Natalie Jaresko, decía que los presupuestos balanceados tenían que incluir pago a la deuda, y el actual director, Robert F. Mujica, dice que hay que cumplir con ciertos criterios de contabilidad para tener los estados financieros según el estatuto federal, pero "nada de eso está en PROMESA".

Por lo tanto, Caraballo Cueto entiende que no se puede esperar a la determinación de la propia Junta de Supervisión para su extinción, sino procurar un cambio en la ley federal, para lo que sería importante el apoyo desde la diáspora, que intervino en su momento para que se aprobara PROMESA.

"Para que se vaya la Junta debe haber actuación desde el Congreso", afirmó.

Valentín, por su parte, entiende que la Junta de Supervisión opera —especialmente en sus inicios— en gran medida como una agencia federal y se beneficia de la percepción de grandes sectores de la ciudadanía en Puerto Rico de que "los federales son intocables".

Otro asunto que dijo es un problema es que la Junta de Supervisión tiene un problema de "rendición de cuentas", pues, por una decisión del Supremo federal, no tiene que entregar información a la luz de la ley local de información pública ni tampoco bajo la ley federal Freedom of Information Act (FOIA). Añadió que la toma de decisiones es a puerta cerrada, las vistas públicas se celebran básicamente siguiendo un libreto y muchos documentos no están disponibles para el examen público.

De otra parte, la profesora Rivera Cruz dijo que los cambios en el CRIM fomentados por la Junta han aumentado los costos de vida de la ciudadanía en medio de una situación "perversa" donde, por un lado, a la gente se le hace difícil pagar, pero, por el otro, si no pagan, los municipios carecen de recursos porque los impuestos municipales son fundamentales para que los ayuntamientos les den servicios a sus constituyentes.

La profesora Rivera Cruz insistió en que los cambios en instituciones como el CRIM y el Registro de la Propiedad fomentados por la Junta han aumentado los costos para la ciudadanía, y que es una situación "perversa" porque, si la gente no paga, entonces los municipios no reciben los impuestos que necesitan para operar y dar servicios a la ciudadanía.

"Creo que hace falta educación popular... esto no es el CRIM... el CRIM es la agencia que da la cara; detrás de esto está la Junta", afirmó.

De otro lado, la profesora Rosa dijo que el estrangulamiento económico impuesto por la Junta en la Universidad no solo va en contra de la misión de la institución, sino que representa un contrasentido con la forma en que operan las universidades en todo Estados Unidos. Dijo que existe una fórmula, que no se está cumpliendo, para inyectar a la Universidad un 9.6 % del presupuesto del gobierno, mientras que en los estados se entrega cerca de un 11 % a las universidades públicas. Pero no solo la cantidad en el papel, de 9.6 %, es menor en Puerto Rico que en los estados, sino que actualmente, por disposición de la Junta, se incumple con esa fórmula y la UPR solo recibe un 4 % del presupuesto.

"Aquí hay una guerra frontal entre la UPR y la Ley PROMESA", agregó la catedrática, quien insistió en que la deuda del gobierno es ilegítima.

Por otro lado, Arraiza retomó en la ronda de preguntas la congelación de casos de derechos civiles. "Estamos hablando de cientos de pleitos", sostuvo.

Dijo que la Junta de Supervisión intentó desestimar los pleitos civiles entre 2017 y marzo de 2022, pero la ACLU, con la asistencia de la clínica de Derecho de la Universidad Interamericana, logró ganar el caso tanto ante la jueza Laura Taylor Swain como en el Primer Circuito.

Pero esto ha tenido un efecto en el Derecho, porque estas paralizaciones han llevado a que muchos abogados desistan de litigar casos de derechos civiles debido a que, al no completarse, dejaron de cobrar honorarios, mientras los abogados de la entidad siguen facturando.

"La pregunta es: ¿cuánto han facturado los abogados de la Junta?... Millones y millones de dólares. ¿Cuánto han cobrado los contratistas de la Junta? Miles de millones de dólares. ¿Cuánto han cobrado los abogados de derechos civiles? Cero", dijo el letrado.

"Los abogados de Puerto Rico han dejado de radicar pleitos de derechos civiles por culpa de la Junta de Supervisión", aseveró.

Caraballo Cueto advirtió que hay que "tener cuidado en repetir las narrativas que a veces nos quieren vender" y dijo que el mayor escándalo en tiempos recientes en contratación pública tiene que ver con un contrato aprobado y avalado por la Junta, aludiendo al contrato de Power Expectations, que tenía una firma falsificada de otra empresa.

De otra parte, se insiste en recortes a la Universidad de Puerto Rico mientras se ha aumentado el presupuesto a 80 agencias, agregó el economista.

"Esto es una guerra ideológica", afirmó.

Mientras, preguntados sobre los intentos del presidente Donald Trump de cambiar a los miembros de la Junta de Supervisión, varios entrevistados dijeron que lo que estaría procurando en realidad el presidente es conseguir miembros de la Junta que promuevan que se les pague la mayor cantidad de dinero posible a los bonistas.

"Que no le quepa duda a nadie que Trump no está pensando en el bienestar de Puerto Rico", añadió.

Mientras, por separado, los licenciados Arraiza y Méndez Colberg dijeron que la Junta era un experimento que se estaba aplicando a Puerto Rico. Según Arraiza, la idea es usar este modelo en otras colonias estadounidenses, y Méndez insistió en que el verdadero interés es el control.

"En la práctica, la Junta ha usado PROMESA para embargar el presupuesto de Puerto Rico", dijo Méndez Colberg. "No debe sorprendernos que la Junta siga aquí", agregó.

La moderadora Martínez Orabona dijo que el rol de la Junta de Supervisión en el país y su indefinida permanencia es un tema muy necesario porque la realidad es que el ente tiene un enorme control en la toma de decisiones en un país con numerosos problemas, pero sin ofrecer participación real del pueblo en la toma de esas decisiones.