En una contundente carta fechada el 10 de junio de 2025, el presidente de la American Bar Association (ABA), William R. Bay, expresó su «sorpresa y decepción» ante las nuevas directrices del Departamento de Justicia que limitan el acceso del Comité Permanente sobre el Poder Judicial Federal a candidatos nominados para ocupar cargos en la judicatura federal.

Un cambio sin precedentes en 72 años

El documento, dirigido a la Fiscal General Pamela J. Bondi, señala que es la primera vez en más de siete décadas que se obstaculiza la labor del Comité, impidiéndole entrevistar a nominados y acceder a información clave. Según Bay, esta decisión «reducirá la transparencia» en un proceso crucial para el sistema de justicia estadounidense.

"No hay otra organización que realice evaluaciones tan profundas e independientes como las del Comité Permanente".

¿Qué hace el Comité Permanente?

La ABA lleva 72 años evaluando la idoneidad profesional de los nominados a la judicatura federal. Este proceso incluye:

• Revisión de escritos legales del nominado.
• Más de 40 entrevistas confidenciales con colegas y juristas.
• Una entrevista con el propio nominado, al final del proceso, para abordar posibles objeciones.

Importante destacar que la ABA no evalúa ideología ni posición política, sino únicamente la integridad, competencia profesional y temperamento judicial.

Datos que desmienten acusaciones de sesgo

La carta refuta directamente las acusaciones de parcialidad política. Según la ABA:

• El 96,9?% de los nominados han recibido calificaciones de "Bien Calificado" o "Calificado" en las últimas dos décadas, independientemente de la administración.
• Los tres nominados de Donald Trump a la Corte Suprema fueron calificados como "Bien Calificados".
• La metodología del Comité ha sido aplicada de manera uniforme durante administraciones demócratas y republicanas.

Riesgos para la confianza pública

La ABA advierte que restringir el acceso a información esencial, como historiales disciplinarios, socava la capacidad del Senado de ejercer su función constitucional de "asesoramiento y consentimiento". Además, amenaza con minar la confianza del público en la imparcialidad del sistema judicial.

Llamado a reconsiderar

El documento concluye con un llamado a la Fiscal General Bondi para que restituya el acceso del Comité a la información necesaria. "Estas evaluaciones imparciales no solo informan al Senado y al Ejecutivo, también fortalecen la confianza del público en el sistema judicial", enfatiza Bay.