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El abogado laboral Jaime Sanabria se unió a los letrados que sostienen que la Orden Ejecutiva 2020-023, que establece el toque de queda y el cierre del sector comercial, es amplia, excesiva y limita derechos fundamentales.

«No estoy minimizando la crisis del coronavirus. Como he mencionado en otros foros, hay que salvar vidas (...) Pero desde un punto de vista técnico legal, esa orden ejecutiva es excesivamente amplia. Viola ciertos derechos constitucionales, como pueden ser la libertad de movimiento, la libertad de culto, el derecho a asociarse libremente», sostuvo Sanabria en un aparte con Microjuris.com.

Sanabria también sostuvo que la vaguedad y la amplitud de la orden ejecutiva podría provocar que se declare inconstitucional cualquier actuación del gobierno e incluso una legislación.

El abogado laboral puntualizó que la persona o el patrono que la quiera impugnar la orden ejecutiva, podrá impugnarla.

Sanabria sostuvo que las expresiones que hizo el juez del Tribunal Supremo, Hon. Rafael Martínez Torres, durante una resolución relacionada a la orden ejecutiva pueden ser un mensaje entre líneas «a la gobernadora y a su equipo para que enmienden lo que tengan que enmendar, porque a primera vista esa orden me parece inconstitucional».

«¿Cómo esa orden puede ser válida? Esa orden para que hubiese sido válida tenía que limitarse a un sector particular de la población, ya sea las personas que hayan contraído el virus, las personas que hayan sido expuestas. Lo que el gobierno no podía hacer era aplicar una orden de esta naturaleza a todo el mundo, a toda la población, incluyendo a las personas que no han estado expuestas», sostuvo el abogado.

De acuerdo con Sanabria, la orden ejecutiva perjudica el derecho a la vida que tienen las personas que viven y mantienen a sus familias de cheque a cheque.

«Esas personas que viven de cheque a cheque necesitan salir a la calle. Necesitan ganarse la vida. Necesitan ganar el sustento para alimentar a su familia», agregó.

Para el abogado laboral, la orden ejecutiva fue una acción contundente que pudo ser sustituida por una orden dirigida a las poblaciones que más se verán afectadas por el COVID-19, mejor conocida como coronavirus. «¿Por qué estamos aplicando una orden a todo el mundo, aunque esas personas que sean todo el mundo no tengan el virus?», puntualizó.

«Yo sé que se quiere proteger la vida y eso es un derecho fundamental, pero no se puede hacer las cosas con las patas. Hay que hacerlo de una manera organizada y hay que hacerlo reconocimiento los derechos y las libertades reconocidas. Esos derechos y libertades reconocidas en estados democráticos como Puerto Rico se han reconocido para que se salvaguarden en circunstancias así», sostuvo.

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