El presidente del Colegios de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) Mark Anthony Bimbela propuso el jueves el inicio de un proceso que aporte a la solución del diferendo entre la República Dominicana y Haití en torno a la migración entre ambos países. En el proceso participarían los colegios de abogados de ambas naciones y Puerto Rico.

"La realidad es que no puede haber ningún ciudadano invisible. La responsabilidad es de todos. Mi sugerencia es: ¿Cómo podemos asistir en este proceso y ayudar a ambos países?", dijo Bimbela ante un nutrido grupo de letrados que asistieron al debate Los derechos humanos vs. La soberanía territorial y el conflicto por las deportaciones que formó parte del ofrecimiento de la Asamblea Anual del CAPR que se celebra en el hotel Ponce Hilton.

El tema fue debatido por las licenciadas Marién Espinal, directora ejecutiva del Colegio de Abogados de República Dominicana y Annette Martínez, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Espinal aseguró que tras la decisión del Tribunal Constitucional dominicano de 2013, que despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana, se "han corregido errores" de esa sentencia.

"La República Dominicana ha otorgado la mayor amnistía (de la historia) para que las personas regularizaran su estatus de nacionalidad. Unos 366,000 extranjeros regularizaron su situación", aseguró.

"A los que nacieron en República Dominicana (y lo pudieron probar) se les regularizó", dijo. Relató que cuando se aprobó la Ley de Regularización Dominicana, para atender el estatus migratorio de los miles de extranjeros en suelo dominicano, muchos haitianos supuestamente cruzaron la frontera para aprovechar la oportunidad. Según relató, miles han regresado voluntariamente a su país al no tener documentación que permitiera su permanencia en Quisqueya.

"Nosotros no estamos en capacidad de absorber a todos los haitianos que necesitan ayuda. Quisiéramos que otros países, que tanto se preocupan por los haitianos, nos ayuden a ayudarlos", dijo en lo que pareció una obvia referencia a Puerto Rico.

La profesora Martínez por su parte, relató que los haitianos que buscaban regularizar su estatus migratorio fueron divididos en dos grupos.

"Hubo arbitrariedad, (el registro) no estuvo basado en la ley sino en estereotipos basados en color, raza, acentos", aseguró la profesora quien destacó que el "mayor problema" de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre migración fue que "eliminó, invisibilizó, retroactivamente a un gran sector que no son inmigrantes sino residentes con documentos nacionales" toda vez que miles de estos nacieron en la República Dominicana lo que los convierte en ciudadanos de esa nación. "(La sentencia) Los convirtió en apátridas".

"Todavía hay gente sin documentos, con la vida suspendida porque no lograron regularizarse", dijo.

Espinal por su parte, aseguró que en territorio dominicano viven unos tres millones de haitianos. Detalló que hay unos 17,000 estudiantes universitarios.

El vicepresidente del CAPR, Alejandro Torres Rivera, quien presentó el contexto del debate, explicó que en República Dominicana nacionalidad y ciudadanía son sinónimos.

"La sentencia (del Tribunal Constitucional) se aparta del concepto prevaleciente en donde los derechos a la nacionalidad los determina el lugar de nacimiento", dijo Torres Rivera.

El foro Debates sobre los derechos humanos vs. soberanía territorial y el conflicto por las deportaciones, inició el ciclo de actividades de la Asamblea Anual que se celebra desde este miércoles en el Ponce Hilton. Los eventos concluirán con la Asamblea el sábado cuyo orador especial es el congresista Luis Gutiérrez.