Las profesoras María Dolores Fernós y Esther Vicente, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), explicaron a Microjuris.com que ya existen las leyes, los reglamentos y la política pública para que agencias y las procuradurías, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), puedan obtener los datos certeros sobre los feminicidios e implementar medidas contra la violencia de género en Puerto Rico.

Para las profesoras, solo falta ejecución y fiscalización.

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La profesora Vicente descartó que las continuas enmiendas a los deberes y las funciones de las agencias y procuradurías designadas para atender la violencia de género en la rama ejecutiva hayan provocado confusión.

«No creo que sea confusión de deberes», afirmó la profesora.

Vicente recordó que la OPM surgió para darle más fuerza a lo que fue —en la década de los 70— la Oficina para el Mejoramiento de la Mujer, que luego se convirtió en la Comisión para los Asuntos de la Mujer (adscrito a la oficina del gobernador). En la Comisión para los Asuntos de la Mujer, el gobernador nombraba comisionadas que luego elegía una directora.

«Estas comisionadas seleccionaban a una persona comprometida con los derechos de las mujeres. No era puesto político. El rol era orientar a las agencias del ejecutivo, adelantar derechos y legislación», explicó.

Llegaron incluso a llevar casos como Comisión de la Mujer v. Secretario de Justicia, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional una regla de procedimiento criminal que requería que el testimonio de una mujer —en los procesos por delitos de violación— «fuera corroborado cuando de la prueba surja la existencia de relaciones amistosas, amorosas o íntimas o de igual naturaleza, con el acusado».

«Es cuestión de ejecutar», enfatizó la profesora de derecho en la UIPR.

«La persona que dirige tiene que convocar y desarrollar planes de trabajo conjuntos. Las cosas que están en papel no se movilizan solas. Las leyes no se mueven solas. Hace falta la voluntad política para ponerlas a funcionar«, enfatizó.

«Yo siento que ha habido un abandono de muchas gestiones y muchas ideas que se pusieron en movilización para adelantar los derechos de las mujeres y para lidiar con la violencia. Todo el trabajo que se hacía desde el gobierno está paralizado y se le ha quitado apoyo económico. Es necesario fortalecer las organizaciones desde el gobierno estatal y municipal», afirmó la profesora.

«Si no hay diligencia para atender los casos de violencia, el mensaje es que somos prescindibles«, enfatizó Vicente.

LA DESIGUALDAD COMO FUENTE DEL PROBLEMA

La profesora Fernós expuso que la fuente de la violencia es la desigualdad.

«Para eliminar la violencia, hay que eliminar la desigualdad. Para eliminar la desigualdad, necesitamos medidas educadoras y fiscalizadoras, y una política pública que permita que las mujeres tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones del gobierno», destacó la profesora.

Para la profesora, las políticas públicas que se desarrollan desde la Asamblea Legislativa no toman en cuenta la posición de desventaja de las mujeres.

Fernós también señaló que las mujeres han sido quienes mayormente han padecido la crisis de los últimos años de crisis.

«En Estados Unidos matan por raza y aquí matan por género. Son las mismas razones por las que matan por raza: se les ve inferiores y se crean realidades falsas. Hasta que no reconozcamos ese problema, no vamos a diseñar políticas públicas sobre eso», puntualizó la profesora.

DATOS SOBRE LA VIOLENCIA

La profesora destacó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres debe fiscalizar con cuidado los datos que surgen del Negociado de la Policía.

«Hay que fiscalizar esos datos. Hay que dar seguimiento. Estas no son soluciones mágicas, pero hay que atacar por los flancos», sostuvo.