Por la profesora Vilmarys Quiñones

El United States Government Accountability Office (GAO) publicó un informe sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el acceso a los servicios de salud mental. Conforme al documento, hay evidencia que sugiere que desde abril 2020 a febrero 2021, se ha reportado un incremento en personas que indican padecer síntomas de depresión o ansiedad, aumento en personas que han visitado las salas de emergencia por sobredosis de drogas o intentos de suicidios, y una reducción en servicios y empleados que trabajan en el área de salud mental mientras que ha ocurrido un incremento en la demanda por servicios de salud mental.

Esto ha levantado preocupación respecto al acceso y disponibilidad de los servicios de salud mental, especialmente en personas de escasos recursos económicos.

Al evaluar la información antes indicada, podemos confirmar que esta tendencia se ha visto en Puerto Rico.

Según el Informe Mensual Estadístico de Clientela Atendida en los Programas de Servicios de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), al momento de la publicación del informe en junio 2020, varios servicios ofrecidos a la población habían cesado por la orden ejecutiva promulgada por la entonces gobernadora de Puerto Rico en respuesta al control de la pandemia de COVID-19.

El informe indica que la Sala de Emergencias del Centro de Salud Mental Comunitario para Niños y Adolescentes de Bayamón (CSMC) cesó operaciones en marzo 2020, confirmando la tendencia observada por la GAO en cuanto al acceso a los servicios de salud mental durante la pandemia.

Por otra parte, el Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) publica anualmente un directorio nacional de facilidades que proveen tratamiento para pacientes de salud mental.

Conforme al informe del 2021, existían en Puerto Rico 57 facilidades. Esto representa 10 facilidades menos que para el año 2020, según el informe correspondiente al año 2020.

Según información disponible en la página de ASSMCA, en los primeros dos meses del año (enero a febrero 2021) se han reportado un aumento de 12 suicidios en comparación con los mismos meses en el año 2021.

Igualmente, la línea PAS experimentó en el año 2020 un aumento de más de un 350% en llamadas a este sistema, comparado con el año 2019. Conforme el Informe Mensual, en el 2019 la Línea PAS recibió 83,791 llamadas, mientras que en año 2020 se recibieron 310,655 llamadas a través de este servicio.

Muchos factores pudieron haber causado este aumento tan significativo, pero la realidad es que el COVID-19 fue el evento que marcó la vida de muchas personas durante el año pasado. Pérdidas de ingreso, inestabilidad financiera, aislamiento, depresión, entre otras son consecuencias directas de esta pandemia que, de una manera u otra, nos ha afectada a todos y todas en Puerto Rico.

La información antes brindada confirma una vez más las tendencias observadas por la GAO respecto al aumento en la demanda por servicios de salud mental.

Desde una perspectiva legal, las órdenes de casos relacionadas a la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico es uno de los asuntos más atendidos por las Salas Municipales.

Mediante esta ley, el Tribunal puede ordenar el ingreso involuntario de una persona a un servicio de salud mental si esta cumple con ciertos requisitos establecidos en la ley.

Conforme las últimas estadísticas publicadas por el Poder Judicial de Puerto Rico, las órdenes al amparo de la Ley Núm. 408-2000 constantemente ocuparon la segunda posición de órdenes expedidas por los jueces y juezas municipales, sobrepasando por 5 años consecutivos el número de 10,000 órdenes expedidas.

Lamentablemente, el último Anuario Estadístico publicado por el Poder Judicial en su página oficial comprende los años del 2016-2017, por lo que no existe en la página información actualizada del año 2020.

Ciertamente, tener accesible esta información sería beneficiosa para poder evaluar si a raíz de la pandemia por COVID-19 han aumentado las órdenes expedidas por las Salas Municipales en relación a la Ley Núm. 408-2000.

La única métrica que se encontró al momento de esta publicación surge de las estadísticas que recoge la Línea PAS.

Conforme el informe del año 2019-2020, las llamadas a dicha línea solicitando orientación sobre la Ley 408 sumaron 2,661. Esto representa una reducción al informe anterior ya que para el 2018-2019 se recibieron 3,564 llamadas solicitando orientación sobre la mencionada ley.

Reconocemos que el Poder Judicial ha adoptado iniciativas relacionadas a manejar los casos relacionados a la Ley 408. Por ejemplo, en el 2014 comenzó el Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental (PAAS). Mediante este programa, se han desarrollado salas especializadas en San Juan y posteriormente en Mayagüez, que se dedican a trabajar estos casos desde una perspectiva interdisciplinaria.

Igualmente, se han desarrollado iniciativas con otras entidades dedicadas a proveer servicios de salud mental para mejorar los procesos ante los tribunales. Aun así, se desconoce al día de hoy el impacto de estas iniciativas, ya que no existen estadísticas recientes en la página del Poder Judicial sobre esta información.

Sin duda, los asuntos relacionados a la salud mental y el acceso a la justicia son temas que deberán ser estudiados a fondo y al momento, se desconoce que se haya realizado un análisis sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el acceso a los tribunales para pacientes con condiciones de salud mental o en personas solicitando órdenes al amparo de la Ley 408.

Como abogados y abogadas, no estamos enajenados de la realidad por la que atraviesa nuestra Isla y es nuestra responsabilidad poder proveerle a nuestros clientes el acceso a los tribunales, aún en medio de la pandemia, y poder ayudarles a encontrar un remedio en la ley que pueda atender sus necesidades.

Como parte de la Maestría en Derecho de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se ofrecerá un Seminario sobre el Derecho de Salud Mental, donde las y los estudiantes deberán presentar un proyecto de investigación relacionado al tema.

Mediante este curso, se procura obtener información que arroje luz sobre los tribunales, el acceso a la justicia y específicamente el impacto que ha tenido el COVID-19 en lo anterior.

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