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Por Daniel Rivera Vargas

Las leyes que protegen a las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género no han sido alteradas o incluidas en las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump relacionada a esta comunidad por lo que las mujeres interesadas pueden solicitar ayuda independientemente de su estado migratorio, indicó la licenciada Noeli M. Pérez de la Torre, en representación del Centro de la Mujer Dominicana.

«Las órdenes no han afectado a las víctimas de violencia de género», aseguró Pérez de la Torre. «Estamos atendiendo casos, estamos ofreciendo servicios como de costumbre... estamos abiertos».

Incluso, señaló Pérez de la Torre, el pasado miércoles tuvo la alegría de recibir cuatro permisos de empleo, autorizaciones federales especiales que permiten a las víctimas de un crimen trabajar sin riesgo de sanciones por parte de las autoridades.

Microjuris contactó al Centro, una entidad con décadas de experiencia atendiendo a inmigrantes víctimas de violencia de género, para conocer cómo están abordando la atención a esta población. Esto surge en respuesta a las directrices emitidas por la administración de Donald Trump en contra de los inmigrantes. La abogada no ofreció información específica de cifras o ubicación del centro en aras de proteger a esa comunidad.

«Tengo la esperanza y la fe de que esto sea una cosa de un espectáculo de poder porque es el principio del cuatrienio y que esto mejore porque esta situación cuatro años va a vulnerabilizar enormemente a estas personas», afirmó.

Pérez de la Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, señaló que en los últimos días el Centro de la Mujer Dominicana ha recibido un aumento en llamadas de personas interesadas en información sobre asuntos legales migratorios. Sin embargo, destacó que el enfoque principal de la entidad es la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, por lo que no manejan casos estrictamente migratorios.

«Estamos recibiendo una cantidad bien alta de llamadas. Estamos tratando de mantener lo más orientado posible a nuestros participantes», sostuvo Pérez de la Torre.

Pero, también reconoció que hay menos gente visitando presencialmente lugares como el centro. «La gente está asustada», reconoció Pérez de la Torre. La licenciada dijo que para asuntos relacionados al derecho migratorio pueden contactar a la clínica de derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Para asuntos que atiende el Centro, el número a llamar es el 787-772-9251 y el 787-281-6179.

«Preocupadas e indignadas» por la posición del gobierno de Puerto Rico

De otra parte, la licenciada criticó la posición asumida por el gobierno de Jenniffer González a favor de las directrices del presidente y las de la nominada secretaria de Justicia, Janet Parra, avalando la creación de la listas de testigos y víctimas con un status que definió como migrante.

«Estamos súper preocupadas e indignadas… exhortamos a la gobernadora y a la secretaria de justicia a reconsiderar», dijo Pérez de la Torre. «Es incorrecto que (siguiendo las órdenes ejecutivas antiinmigrantes) se salvaguarden los fondos federales, el gobierno de Puerto Rico no tiene que acatar esto».

La Secretaría de Justicia informó que ha dado instrucciones, a través de las Fiscalías de Distrito, para identificar a las víctimas y testigos de delitos con estatus migratorio, con el objetivo de facilitarles acceso a los programas de ayuda disponibles.

«El deber del Departamento de Justicia es proteger a sus víctimas y testigos. Por ello encomendé a las diferentes Fiscalías de Distrito recopilar información sobre aquellos testigos que colaboran en los procesos judiciales y con víctimas que pudieran estar vulnerables para asegurarnos de que queden protegidos. Queremos asegurar que nadie tenga temor en denunciar los delitos que se cometan en su contra ni en colaborar con el esclarecimiento de los casos», expresó la secretaria de Justicia.

La licenciada Pérez de la Torre afirmó también que crear las listas de víctimas y testigos «lo que hace es poner en riesgo a esas personas» y que el proceso regular para que una persona acuda a buscar un servicio identificándose como un testigo o una víctima ya de por sí «es un camino tortuoso».

«La ansiedad de estas intervenciones vulnerabilidad aún más a estas personas y las obliga a permanecer encerradas con el agresor», lamentó.