Luego de obtener y analizar de miles de documentos de los departamentos de policía de todo el país, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) publicó el informe La guerra llega a casa: la militarización excesiva de la policía estadounidense. La ACLU se centró en más de 800 redadas realizadas por la unidad especial de SWAT en 20 estados y en la adquisición de armamento militar, vehículos y equipo de las agencias.

• Acceda al informe (*.PDF)

«Hemos encontrado que la policía utiliza mayormente redadas de SWAT no para casos de extrema urgencia, como situaciones de rehenes, sino para llevar a cabo este tipo de trabajo policial básico de entregar ordenes de arresto o la búsqueda de una pequeña cantidad de drogas», dijo Kara Dansky, abogada de la ACLU.

«Llevadas a cabo por diez o más agentes armados con rifles de asalto, granadas y otros artefactos militares, estas incursiones paramilitares impactan desproporcionadamente las personas negras, enviando un claro mensaje de que las familias cuyos hogares son allanados son el enemigo. Esta violencia innecesaria provoca daños a la propiedad, lesiones y en ocasiones hasta la muerte».

El informe documenta múltiples tragedias causadas por la policía durante redadas innecesarias llevadas a cabo por el SWAT, incluyendo los disparos recibidos por una madre de 26 años de edad que junto a su niño en brazos y un bebé de 19 meses de edad fueron heridos de gravedad cuando una granada aterrizó en su cuna.

«Nuestra policía está pisoteando nuestros derechos civiles y convirtiendo las comunidades de ciudadanos negros en zonas de guerra», continuó Dansky. «Todos pagamos por ello con dinero de nuestros impuestos. Los Departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Justicia damos policía armamento y vehículos militares, así como las subvenciones para equipo militar. La guerra contra las drogas ha fracasado, sin embargo, el gobierno federal no ha dejado de el flujo de armas y dinero», agregó.

El informe solicita al gobierno federal que frene los incentivos utilizados para militarizar la policía. La ACLU también pide que las autoridades locales, estatales y federales rastreen el uso del SWAT y el armamento, tanques y otros equipos militares que terminan en manos de la policía.

«Nuestros hallazgos revelan no sólo los peligros de la policía militarizada, sino también las dificultades para determinar el alcance y el impacto de esos peligros en todos los niveles», culminó Dansky.

El informe además recomienda que las legislaturas de los estados y municipios desarrollen criterios para las redadas de la SWAT, que limiten su despliegue a los tipos de emergencias para los que estaban destinados.