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Por Daniel Rivera Vargas

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, María Antongiorgi Jordán, desestimó la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), en la que se solicitaba una extensión de la fecha de cierre del registro electoral para las elecciones generales de 2024.

Tras una vista de cerca de siete horas celebrada el viernes, y la evaluación de mociones sometidas durante el fin de semana por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en representación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y la ACLU, la jueza resolvió, en una orden de 29 páginas, que el tribunal federal carecía de jurisdicción para intervenir en esta controversia electoral.

«Los demandantes no han demostrado que el plazo de inscripción de votantes del 21 de septiembre de 2024 constituya una privación una privación de derechos inconstitucional o una injusticia patente que justifique la intrusión en la administración electoral estatal. Si bien la implementación de nuevos sistemas de registro puede no haber estado exenta de defectos, la evidencia ante este Tribunal no se eleva al nivel de fracaso sistémico o supresión generalizada de votantes. Es evidente que los demandantes no han fundamentado claramente sus alegaciones con pruebas competentes», concluyó la jueza.

En declaraciones escritas, la ACLU lamentó la decisión: «La sentencia del Tribunal Federal es un duro golpe contra la democracia y el estado de Derecho. Con esta decisión se ha privado el derecho fundamental al voto a decenas de miles de electores. ACLU de Puerto Rico descargó su responsabilidad cumpliendo con su misión de defender los derechos fundamentales. Lamentamos que los jueces claudiquen al poder inherente de revisión judicial y no asuman la responsabilidad que amerita este momento histórico».

Como parte de su análisis, la jueza Antongiorgi Jordán entiende que hay buenas intenciones en la demanda presentada en nombre de los demandantes Marina Espíritu, Iris Delia Torres-López, Víctor Altieri y Alicia Vázquez-Figueroa, pero que «carece de hechos y de argumentos de derecho» y «amenaza inyectar caos en la administración de la maquinaria electoral de Puerto Rico en esta hora tan tardía sin evidencia que lo justifique».

Las elecciones son el martes, 5 de noviembre. El pedido central de ACLU, similar al que se presentó a nivel estatal, es que la ley establece una fecha de cierre de registro del 6 de octubre, que es distinta a la que impuso reglamentariamente la CEE del 21 de septiembre.

Al momento de redactar, las nuevas inscripciones electorales ascienden a unos 98,700 pero el proceso no ha concluido así que podría seguir subiendo, mientras que en el 2020 fueron unas 121,400, según los datos que maneja Manuel Álvarez Rivera, asesor estadístico y administrador del portal electionspuertorico.org, entrevistado por Microjuris.

Las reactivaciones en el actual periodo electoral han sido mayores que en el pasado ciclo electoral, cuando en 2020 fueron unas 78,085 y para 2024 ascienden al momento 87,300, dijo Álvarez Rivera en entrevista con Microjuris.