Por Daniel Rivera Vargas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) acudió el pasado fin de semana al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para exigir una orden que obligue a la a continuar con el proceso de inscripción de electores para las próximas elecciones generales.

«Miles de electores elegibles», reza la demanda, quedan fuera de «las listas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para las elecciones, en violación del articulo 5.11 (2) (a) del Código (Electoral de 2020) y del derecho fundamental a votar que está protegido por la Constitución de Estados Unidos», lee el recurso.

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La demanda pide un interdicto provisional y permanente, y una sentencia declaratoria en contra de la CEE en nombre de al menos cuatro ciudadanos -Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte, e Iris Delia Torres López- que alegan que no pudieron inscribirse en el plazo original de la CEE para este trámite, que por una disposición reglamentaria concluyó el pasado sábado.

El recurso legal federal de 20 páginas alega que esta disposición reglamentaria está en contra de la ley, que establece que los electores pueden inscribirse hasta el 6 de octubre.

En los hechos se critica el mecanismo de registro electrónico que trató de implantar la CEE, y que la campaña para usar esta plataforma comenzó tan tarde como el mes pasado.

Las fallas del mecanismo provocaron que unas 81,000 personas no pudieran completar la inscripción electrónica por errores de la plataforma como que no aceptarán documentos presentados por los ciudadanos, lo que se suma en que en algunos casos hubo fallas eléctricas en algunas Juntas de Inscripción Permanentes (JIP).

También se resalta la falta de presupuesto y personal en la CEE, que incluye que las JIP se redujeron de 110 a 12 en todo Puerto Rico

«Estas restricciones representan una gran carga bajo cualquier circunstancia y ha dejado electores elegibles dramáticamente sin recursos para registrarse para la elección general de 2024. Aun durante la pandemia del coronavirus, la cantidad de votantes registrados en Puerto Rico fue más alta que los registrados el sábado, último día del registro establecido por la CEE», indica la demanda.

Cifras de la demanda indican que la reactivación de electores en 2020, bajo la pandemia, fue de 78,085, mientras que en 2024 fue de unos 63,187.

«El derecho constitucional de los demandantes al voto no puede condicionarse a la falta de organización o presupuesto de la CEE», agrega la demanda.

La demanda presentada por los abogados Fermín Arraiza y Guillermo Ramos Luina, entre otros, fue asignada a la jueza federal Maria Antongiorgi Jordán.

Además de la CEE, figuran como demandados los comisionados electorales de todos los partidos políticos.

Una primera demanda sobre este tema fue declarada no ha lugar en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el ante-pasado viernes.