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El Director Ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles, William Ramírez, presentó esta semana el programa «Police Accountability on Gender Violence Project», un programa especial dirigido a monitorear a la Policía de Puerto Rico respecto a las querellas de género que se someten en sus cuarteles, para así garantizar que las mujeres cuenten con protección real. La presentación se realizó en el marco de la celebración del 65to aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según Ramírez, existe una ineficiencia crasa en la forma en que la Policía atiende estas querellas, provocando a veces que las víctimas de violencia se conviertan en víctimas de asesinato. El proyecto plantea impactar distintas comunidades para orientar a mujeres sobre cómo realizar dichas querellas y el protocolo correcto que deben seguir los oficiales de la ley.
«Nuestro proyecto es producto de años de trabajo dirigidos a asegurar una reforma policial para Puerto Rico que además atienda esta creciente epidemia de violencia de género. No sólo se incorporó en el acuerdo para una reforma sustentable de la policía de Puerto Rico, sino que nace además del informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el trágico caso que presentó la ACLU ante ese foro internacional contra Estados Unidos, el cual comprende Puerto Rico, el caso Jessica Lenahan v. USA.
En la conferencia de Prensa, Ramírez reiteró que la situación de violencia de género que existe en la isla es catalogable como una «emergencia nacional», y que muchas de las muertes ocurridas durante este y pasados años eran evitables. No obstante, aludió a la indiferencia de la entidades gubernamentales como responsables por ello y en primera línea a la Policía de Puerto Rico. El proyecto tendría como propósito estimar el comienzo de una reforma policial para cumplir con el «Acuerdo para una Reforma de la Policía de Puerto Rico», según establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los principios fundamentales delineados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
«Tanto la ACLU como el Departamento de Justicia federal, en sus respectivos informes, han señalado las deficiencias en la respuesta de la Policía de Puerto Rico ante esta creciente ola de crímenes de género».
Ramírez también aprovechó para presentar a la persona a cargo de este proyecto que será la joven licenciada Adriana Godreau Aubert, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
«El proyecto se estará trabajando esencialmente en tres fases. La primera fase es la fase de educación. Se estará trabajando con unos módulos dirigidos a las organizaciones sin fines de lucro que agrupan mujeres. Segundo, vamos a estar yendo a las comunidades y a los residenciales, donde están los grupos de mujeres más susceptibles a la violencia de género; y tercero vamos a estar yendo a las escuelas porque entendemos que hay un componente de violencia de género que hay que trabajar en las edades más tempranas. La violencia de género no es un asunto de edad, hay que comenzar la educación temprano», expresó Godreau Aubert.
La licenciada también indicó que dentro de esa primera fase va a ser dirigida a las agencias a las que se estarían ofreciendo dando talleres de capacitación y orientación sobre el protocolo que debe llevar a cabo la Policía y grupos profesionales.
«La idea es crear la conciencia de que la adopción de protocolos para trabajar el tema de la violencia de género a partir del caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es mandatorio. El que el estado, a través de la Policía, atienda los casos de violencia de género no es opcional, no es discrecional», puntualizó la licenciada.
En la conferencia de prensa estuvieron varias organizaciones con las que la ACLU ha creado enlace para efectuar este nuevo programa: Casa Ruth, PASOS, Centro de la Mujer Dominicana y la Clínica de Asistencia Legal de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, representada por las estudiantes Zoán Dávila y Mercedes Garrida.
Esta última puntualizó que era importante no dejar fuera la situación particular que viven las mujeres transexuales y transgéneros respecto a la violencia de género que sufren y la forma particularmente dañina en la que se atienden sus casos.
«La violencia de género incluye la violencia por identidad de género y eso es muy importante y que hay mujeres y hombres que se identifican con un sexo u otro y son parte de relaciones de pareja que son aún menos atendidas. A duras penas se está comenzando a hablar de las parejas de lesbianas. Muchas veces estas mujeres prefieren vivir bajo violencia por años porque no se atreven a presentar querellas para que sus familiares o compañeros de trabajo no se enteren de su orientación sexual. Estas mujeres son víctimas de una violencia adicional cuando van a presentar sus querellas porque se les trata de una forma sexista».
Durante los próximos días la ACLU estará reuniéndose con varias organizaciones para comenzar la implantación de este programa.