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El Proyecto del Senado 442 se convirtió en la Ley 99-2025 con el fin de enmendar la Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y garantizar que los adultos mayores víctimas de delito o maltrato cuenten con un acompañante capacitado durante los procesos judiciales o administrativos contra las personas acusadas.

La nueva ley dispone que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPEA) deberá proveer este acompañamiento, con personal que tenga la preparación pertinente en cada caso, como parte de su deber de velar por los derechos y la seguridad de esta población vulnerable.

Puedes acceder aquí a la Ley 99-2025

La OPEA fue creada mediante la Ley 76-2013 con el objetivo de fiscalizar la implantación de política pública del gobierno en favor de las personas de edad avanzada, tanto por parte de las agencias públicas como de entidades privadas. Esta oficina  tiene la autoridad de actuar a nombre de las personas mayores, de forma individual o colectiva, para defender sus derechos y promover su bienestar. Además, tiene facultad reglamentaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas dirigidas a este sector de la población.

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Posteriormente, también se aprobó la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, la cual reafirma el compromiso del Estado con la protección de la integridad física y emocional de los adultos mayores.

Aunque la Ley 76-2016, conocida como Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos, faculta a la OPEA a intervenir en representación de los adultos mayores en foros judiciales o administrativos, la realidad es que muchas personas mayores desconocen el alcance de estos procesos y no se sienten preparadas para enfrentarlos solas.

Por otra parte, el Código Penal de Puerto Rico tipifica varios delitos específicos contra esta población, incluyendo negligencia en el cuidado de personas mayores, maltrato mediante amenaza, explotación financiera, y fraude relacionado a gravámenes, sin embargo, a pesar de estas protecciones legales, los adultos mayores que son víctimas de delito o maltrato enfrentan con frecuencia procesos judiciales o administrativos sin contar con el acompañamiento o asesoría adecuada para enfrentar tales situaciones.

Con este marco, la Ley 99-2025 establece un mecanismo para que los adultos mayores cuenten con un recurso que les acompañe, oriente y respalde durante todo el proceso judicial o administrativo relacionado con delitos o actos de maltrato sufridos. Este modelo se inspira en el servicio de intercesoras que ofrece la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a víctimas de violencia doméstica, buscando brindar una atención empática, especializada y efectiva.

Para implementar esta medida, la OPEA deberá establecer acuerdos colaborativos con el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, la Rama Judicial y otras agencias pertinentes, a fin de garantizar notificación efectiva, coordinación interagencial y ejecución adecuada del acompañamiento institucional.

La pieza legislativa fue presentada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez y contó con la coautoría de varios senadores y senadoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).