La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) formalizaron un convenio que autoriza al personal del Poder Judicial a consultar el portal de la agencia administrativa. Esta medida permite que jueces, juezas y examinadores de pensiones alimentarias obtengan de forma inmediata datos críticos para la resolución de controversias, tales como certificaciones de deuda, historiales de pago y balances actualizados. La integración busca reducir la dependencia de trámites burocráticos externos y asegurar que las determinaciones judiciales se fundamenten en información financiera en tiempo real.

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La licenciada María del Mar Mateu Meléndez, administradora de ASUME, subrayó que la reducción en los tiempos de respuesta beneficia directamente a los menores alimentistas al agilizar la llegada del sustento económico. Por su parte, el Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, enfatizó que la herramienta fortalece la gestión judicial al proveer un acceso oportuno que minimiza la carga administrativa de las partes y las agencias, promoviendo una consideración judicial más informada y técnica sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Parámetros de seguridad y vigencia del convenio

El acuerdo establece un marco de acceso digital estrictamente controlado y limitado a funciones de consulta. Bajo este esquema, el personal autorizado del Poder Judicial no posee facultades para modificar, eliminar o añadir datos en el sistema de ASUME, preservando así la integridad de los registros administrativos. El protocolo incorpora medidas rigurosas de confidencialidad y delimita el uso de la plataforma exclusivamente al ejercicio de funciones oficiales relacionadas con los casos de alimentos ante los tribunales.

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Para la ejecución efectiva de esta alianza, ambas entidades designarán enlaces institucionales que coordinarán los mecanismos de adiestramiento y control de acceso. El convenio tendrá una vigencia extendida hasta el 30 de junio de 2028. Es relevante destacar que la implementación no conlleva un intercambio de fondos públicos, ya que cada organismo asumirá sus respectivos costos operacionales, enmarcándose en una estrategia de modernización de servicios y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en beneficio del bienestar de los menores en Puerto Rico.