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El licenciado Joel Montalvo adelantó a Microjuris.com que la gobernadora Wanda Vázquez Garced podría levantar el privilegio ejecutivo durante las vistas que celebra la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, dependiendo de las próximas personas que citen.
«Yo estaría pendiente a ver qué tipo de testigo traen a la Cámara. Hay que estar pendiente al privilegio ejecutivo y cuándo la gobernadora quiera invocarlo. Si mi cliente fuera el gobernador, yo estaría pendiente a qué testigos adicionales llaman. El privilegio ejecutivo es extensivo a su gabinete», explicó Montalvo.
«Las conversaciones que haya tenido el gobernador [en este caso, gobernadora] con sus ayudantes son privilegiadas y protegidas», agregó.
Las expresiones del licenciado Montalvo surgen a partir de las vistas que está celebrando la Comisión de Salud de la Cámara en respuesta a la aprobación de la Resolución Conjunta 1741, que ordena una investigación expedita sobre el manejo y distribución de recursos de todas las agencias, departamentos, instrumentalidades y municipios del gobierno de Puerto Rico durante la emergencia por COVID-19.
Durante la vista del martes, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, le propuso una inmunidad a la exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud, Adil Rosa.
La exsecretaria auxiliar rechazó el ofrecimiento de la comisión, pero grupos y miembros de la comunidad jurídica debatieron públicamente el alcance del poder de inmunidad que tiene la Asamblea Legislativa.
En esa dirección, el abogado que imparte el curso de educación jurídica continua Conflictos constitucionales: Cuando se enfrentan el Gobernador y la Legislatura recordó que la Ley 27 del 8 de diciembre de 1990, Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos, faculta a la Asamblea Legislativa y a las comisiones para conceder inmunidad de uso derivativo a las personas citadas a deponer en las vistas legislativas.
Sin embargo, opinó que la inmunidad que rechazó Adil Rosa «no tiene efecto en el foro federal».
Montalvo también puntualizó que es la doctrina de separación de poderes la que permite que la Asamblea Legislativa pueda investigar y llamar testigos para generar política pública. La doctrina surge de los poderes que otorga la Constitución de Puerto Rico.
«El poder de investigación es inherente a su poder de legislar. En esencia, es para defender al ciudadano», mencionó al describir la doctrina de separación de poderes.
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