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La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) que retiraran dos casos de su calendario, pero en ninguno de los dos casos de trataba del caso sobre el acceso de los residentes de Puerto Rico al Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
En cambio, la administración Biden solicitó que la Corte Suprema cancelara las próximas argumentaciones orales sobre la financiación del muro fronterizo y la política de asilo «Permanecer en México».
La semana pasado dos expertos explicaron a Microjuris.com que el Tribunal Supremo de Estados Unidos podía estar tardándose en atender el caso sobre el SSI por deferencia a la administración de Biden, que prometió atender el asunto.
El caso de Estados Unidos v. José Luis Vaello Madero —mejor conocido como el caso de Vaello— trata de un ciudadano que recibía SSI en Estados Unidos y cuando se mudó a Puerto Rico siguió recibiendo la ayuda, a pesar de que esta ayuda no está disponible para residentes de la Isla.
El gobierno federal lo demandó buscando cobrar unos $28,000, pero tanto el juez federal Gustavo Gelpí, quien validó argumentos hasta de discrimen contra la Isla, como el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en voz del fallecido juez Juan R. Torruella, decidieron que el ciudadano sí debe seguir recibiendo SSI aunque viva en Puerto Rico.
Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante el Tribunal Supremo de Estado Unidos un certiorari para que revoque ambas decisiones y entre sus argumentos figuran que el gobierno federal podría terminar desembolsando entre $1.8 y $2.4 billones anualmente por una década, según actuarios de la Administración del Seguro Social.
Durante el mes de enero, el caso ha estado tres veces señalado para ser llevado a conferencia entre los nueve jueces del Supremo de Estados Unidos, pero aún no hay una expresión sobre si niegan o expiden el certiorari solicitado en septiembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"Lo han pospuesto en tres ocasiones y esto es inusual", señaló el licenciado Joel Montalvo, quien trabajó con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá cuando este fue gobernador y comisionado residente en Washington.
El posible avance del caso en el Supremo de Estados Unidos coincide con un nuevo estudio de una organización no gubernamental estadounidense que retrata nuevamente la enorme disparidad en las ayudas que reciben las personas pobres en Puerto Rico, frente a las y los residentes de Estados Unidos.
El Policy Basics: Aid to the Aged, Blind and Disabled (Ayuda para el Envejeciente, Ciego y Discapacitado, por sus siglas en inglés) del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) publicó un documento que fue actualizado el pasado 15 de enero, y que expone cómo Puerto Rico tiene una serie de limitaciones a la hora de acceder a la red de ayudas socioeconómicas de Estados Unidos, que en algunos casos los residentes del archipiélago tienen un acceso parcial, o está totalmente excluidos, como es el caso del SSI.
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