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Adultos mayores y cuidadores informales: una realidad marcada por grandes retos

29 de julio de 2025
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Por Valeria Alicea Guzmán

A nivel mundial, el envejecimiento es un asunto que plantea retos sociales, económicos y jurídicos. No obstante, Puerto Rico no está exento de este fenómeno.

Según el Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores de 2024, el alza en la emigración de la juventud, a causa de los fenómenos atmosféricos y la salud colectiva, se ha reflejado en el envejecimiento y la disminución de la población puertorriqueña.

"La Isla se sitúa entre los primeros treinta y seis (36) países del mundo con una expectativa de vida al nacer sin distinción de sexo de 81.9 años de vida; a diferencia del año 2022, donde obtuvo la posición número 37 con 81.7 años", expone el estudio.

Para la licenciada Carmen Selpa Báez, la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019) representa una acción del Estado en busca de proteger los derechos de las personas adultas mayores

"Estableció la política pública en pro de esta población e impuso una serie de responsabilidades tanto a la familia del adulto mayor, como a las distintas agencias. No obstante, para proteger adecuadamente, hacen falta recursos, tanto económicos como humanos", aseguró la abogada en entrevista con Microjuris.

Entre los principales retos que enfrentan las personas envejecientes en Puerto Rico está el acceso a la salud. Selpa Báez explicó que la fuga de médicos empeora la situación por la escasez de médicos especializados, como geriatras, lo que dificulta la atención adecuada para esta población. 

"Además, muchos adultos mayores viven en condiciones de pobreza, lo que limita su capacidad para acceder a servicios médicos y cubrir necesidades básicas", agregó.

Precisamente, en la columna de opinión Tackling the Isolation Distressing Puerto Rico’s Elderly, publicada en Newsweek, la profesora Mariela Torres Cintrón informa que muchas personas adultas mayores quedan desprovistas ante la merma en la cantidad de médicos y especialistas disponibles en Puerto Rico, que se une a que cada vez son mayores las necesidades médicas y el deterioro de la salud de este sector.

Por otro lado, Selpa Báez resaltó que el acceso a la vivienda es otro asunto que afecta a la población.  Indicó que, según datos provistos por los Continuos de Cuidado, CoC PR-502 y CoC PR-503, en 2024, la proporción de adultos mayores sin hogar aumentó a un 49.8%.  

"Esto lo he visto en mi práctica también, hace poco estuvo ayudando a una persona adulto mayor en un desahucio y me indicó que acudió a una égida y le indicaron que había 129 personas en turno, antes que ella", contó la abogada.

Ante esta realidad, la licenciada reconoció la necesidad de crear unidades especializadas de investigación en maltrato a personas adultas mayores dentro de la Policía y el Departamento de Justicia para brindar adiestramientos a los fiscales y jueces sobre el manejo de casos de maltrato y negligencia contra los adultos mayores y la explotación financiera de esta población, que es un delito en aumento.

"Por otro lado, desde el marco comunitario, existen organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a esta población. Entiendo que deben reforzarse, brindando capacitación sobre manejo de estrés, envejecimiento, primeros auxilios y grupos de apoyo a los cuidadores. También las personas deben entender que es su deber denunciar los casos de abandono y negligencia, para esto el Estado debe educar. En ocasiones los vecinos no denuncian estos casos para no involucrarse en un caso y lo que ello implica", destacó.  

El cuidado informal

El envejecimiento de la población, además de los retos que representa, trae consigo el incremento de la demanda de cuidados. El informe de Inter Mujeres, Políticas Públicas y el Trabajo de Cuidados En Puerto Rico, revela que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres, que realizan las tareas de cuidados sin paga.

 "[Desde aseo, ejercicios, preparación de alimentos, administrar medicamentos a horas indicadas, comprar alimentos, ropa, atención a la limpieza del entorno y la búsqueda de apoyos y servicios provistos por el gobierno o por organizaciones de base comunitaria, hasta sembrar los alimentos", detalla el documento.

El estudio apunta que en la mayoría de los casos las féminas realizan las tareas de cuidados sin paga, en sus hogares o en la economía informal, sin seguridad, beneficios de licencias laborales ni pensión de retiro.

Por su parte, Selpa Báez considera que las mujeres asumen tantos roles que asumir el cuidado de un adulto mayor puede tener efectos emocionales, físicos y sociales. «De la misma manera, su vida profesional puede verse afectada pues algunas renuncian al trabajo o no continúan estudios para dedicarse completamente al cuidado del adulto mayor, lo que afecta su economía», aseguró.

Sin embargo, en Puerto Rico el Registro de Cuidadores Informales de Puerto Rico tiene como propósito reconocer y visibilizar la labor de las personas cuidadoras.

"El Registro de Cuidadores Informales ha establecido una estructura inicial para reconocer y apoyar a quienes desempeñan esta labor y ha sido un paso significativo para las personas que brindan apoyo a los adultos mayores. Sin embargo, en cuanto a efectividad es difícil determinar, pues no se han publicado datos sobre el número de cuidadores registrados", comunicó Selpa Báez.

Entre las barreras que enfrentan las personas cuidadoras informales para acceder a servicios o apoyos del gobierno, la abogada indicó que la principal es el desconocimiento.

"Muchas personas desconocen sobre el Registro de Cuidadores Informales y los derechos que el mismo le otorga", dijo.

Ante la búsqueda de remedios para atender el problema, Selpa Báez advirtió que en Puerto Rico existe mucha legislación relacionada con el tema de los derechos de las personas adultas mayores. Manifestó la urgencia de ejecutar la legislación y asignar recursos a las agencias para atender a la población y que las ayudas puedan llegar.

"Lo que sí considero urgente es la educación. El Estado debe comenzar a educar sobre los derechos de los adultos mayores y adiestrar a los servidores públicos sobre el tema. Es urgente que en las escuelas se hable sobre el tema también, pues la educación es la herramienta que nos ayudará en el futuro a construir una sociedad en la que la mayoría de su población son adultos mayores", puntualizó.

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