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La vista pública de la semana pasada sobre el efecto de los casos insulares en Puerto Rico evidenció una sincronía entre sectores diversos sobre el efecto detrimental de la vigencia de la doctrina para los derechos de las personas que residen en Puerto Rico, aseguró el profesor Andrés L. Córdoba Phelps, presidente del comité Asesor de Puerto Rico para la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.
La vista duró un día entero. Hubo cuatro paneles. Los dos paneles que se dieron por la mañana fueron de corte académico y teórico. Participaron los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, José Julián Álvarez y Efrén Rivera; el litigante Gregorio Igartua; el director de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Rafael Rodríguez; entre otros litigantes.
«Unánimemente, los analistas entienden que esta doctrina le hace un mal a Puerto Rico», dijo Córdoba Phelps.
«Por la tarde, habían dos paneles con grupos comunitarios, Betzaida Ramos de MAVI (Movimiento Amplio de Vida Independiente); la directora de G8 en el caño Martín Peña, José Acarón; de AARP (Asociación Americana de Personas Retiradas), George Laws; un líder de estadistas de un grupo en Washington, otra persona como líder de veteranos, y hablando de cómo los casos insulares afectan a los ciudadanos que ellos representan», agregó Córdoba Phelps en entrevista con Microjuris.
El también catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde también se celebró la vista el pasado miércoles, dijo que el comité está contento porque se comenzó a cumplir el propósito de estos encuentros, que es poder recopilar hechos y datos para un eventual informe que esperan tener listo a principios de 2024.
«Si la comisión acoge el informe o no, eso depende de ellos. [También] si lo presenta al Congreso o la Rama Ejecutiva (federal)», añadió.
Habrá informes parciales para los que aún no hay fecha cierta, pero el profesor cree que el primero podría ser en agosto.
Aunque mencionó que hay una discusión interesante respecto a si el problema de derechos civiles debe verse bajo el marco constitucional o como un asunto de derecho internacional, el profesor dijo que de la vista surgió un consenso de que la doctrina de casos insulares es negativa para Puerto Rico.
«Lo más interesante es el consenso. La conclusión más llamativa es que no escuché a nadie defendiendo los casos insulares. De ningún bando, de ningún sector. Parece que sobre los casos insulares estamos de acuerdo. […] Son un problema que tenemos que resolver», sostuvo. «Es un acuerdo que tenemos como país. Y es importante subrayarlo».
Las vistas públicas continuarán, aunque de forma virtual. Habrá unas dos a tres vistas adicionales, lo que aún no se ha decidido.
El comité celebrará una vista pública el próximo 22 de mayo donde este tema podría discutirse.
Podrían cambiar el formato con miras a aumentar la participación ciudadana, añadió Córdoba Phelps.