El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, refirió a una ex funcionaria de La Fortaleza y a ocho servidores públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos para ser investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), por malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, conspirar para cometer delito y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La ex funcionaria de la Mansión Ejecutiva es la hoy jueza del Tribunal Apelativo, la licenciada Grace Grana Martínez. Sin embargo, el referido en cuestión no guarda relación con el desempeño de Grana Martínez como jueza del Tribunal Apelativo.

Según surge del referido de Justicia, los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como Secretaria Auxiliar de Administración del entonces Secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Emma. Según prueba en poder de Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Albuquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios debían votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán.

Dicha votación no es asunto oficial de las agencias de gobierno, por lo que no era permisible recurrir a fondos públicos para sufragar el viaje de al menos cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, autorizado por Grana Martínez. Dichos gastos le costaron al erario público al menos $6,767. Otros cinco empleados de Bomberos viajaron con pasajes costeados por suplidores de la agencia y mediante donativos de otros servidores públicos, a solicitud del ex director de Transportación, Jeremías Hernández Nogueras.

En la reunión en Fortaleza, Grana Martínez instruyó a los funcionarios a llenar los documentos de solicitud de los viajes de modo que pareciera que irían a recibir adiestramientos por parte del Federal Training Institute (FTI). La hoy jueza autorizó mediante carta del 9 de julio de 2010 a los funcionarios del cuerpo de Bomberos a viajar del 15 al 18 de julio a la ciudad de Albuquerque. La entonces Secretaria Auxiliar de la Gobernación indicó además que cada agencia debía enviar una delegación de al menos 11 personas. Sin embargo, según surge de la investigación de Justicia, los talleres ofrecidos por la FTI culminaron el 14 de julio de ese año.

La señora Carmen G. Rodríguez Díaz, ex jefa del Cuerpo de Bomberos, admitió mediante declaración jurada todas y cada una de las violaciones legales y administrativas que se le imputan. Rodríguez Díaz se convirtió en testigo del pueblo mediante acuerdo sobre concesión de inmunidad total firmado el pasado 7 de octubre. A los funcionarios Luis G. Irizarry Díaz, jefe de Bomberos de la zona de San Juan, y a Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas, también se les otorgó inmunidad.

La investigación se origina con una querella que presentó el 24 de febrero de 2011 la señora Nélida Ramos, ex jefa del Negociado Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en contra del ex director de Transportación, por solicitar donativos a varios suplidores. El propósito de los donativos era pagar fiestas y actividades de la agencia que nunca se dieron y para el pago de alegados viajes oficiales.

Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que la Contraloría tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del hoy senador Aníbal José Torres; por lo cual "decidimos realizar una auditoría de este asunto comenzando la misma el 12 de enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al Secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014. A partir de ese momento, trabajamos en colaboración constante con el Departamento de Justicia".

El 23 de abril de 2014, la División de Integridad Pública del DJ notificó a la OPFEI que realizaba una investigación basada en información bajo juramento. La OPFEI concedió hasta el 20 de octubre para informar sobre los resultados de la investigación.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que viajaron a Albuquerque fueron: el comandante y segundo en mando, Pedro A. Vázquez Montañez; Nélida Ramos; jefa auxiliar del Negociado de Administración; Luis G. Irizarry Díaz, jefe de zona de San Juan; Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas; y Miguel Cartagena Negrón, inspector de Incendios. Con excepción de Irizarry Díaz, Nélida Ramos, y Juan E. Rodríguez Berríos, para los antes mencionados se recomendará la radicación de cargos por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos y Ley de Ética Gubernamental.

Los otros cinco empleados que viajaron para asistir a la votación de LULAC, y a los que se recomendará la radicación de cargos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental, son: el bombero Carlos Díaz Villegas; el sargento Jorge Ortiz Reyez; el chofer Yamil Cosme; el mecánico Edgardo Nieves; y el ayudante especial y supervisor de mecánicos, Jeremías Hernández Nogueras.