Por Daniel Rivera Vargas

Varios grupos magisteriales acudieron el martes, 9 de agosto,  mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para impugnar el recorte a sus pensiones como parte de las medidas fiscales implantadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico, tras alegar un trato inconstitucional al amparo de los controversiales casos insulares.

El recurso ante el Supremo federal plantea que las leyes estatales de retiro fueron «enmendadas» por la JSF en su Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) en una incorrecta interpretación de la doctrina federal de ‘preemption’ o campo ocupado.

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Los argumentos son variados, incluyendo que la doctrina en la que se ancla la acción de la JSF, que fue avalada por la jueza Laura Taylor Swain, emana, sin decirlo directamente, de los casos insulares. Estos casos son el grupo de decisiones del Supremo federal de principios de siglo pasado que crea un trato discriminatorio para Puerto Rico y otros territorios y que, según este certiorari, pero citando al recién resuelto US v. Vaello, surge de «feos estereotipos raciales» y «no tiene hogar en la Constitución».

«Las asociaciones de maestros fueron sometidas a un desplazamiento inconstitucional y enmienda de sus leyes de retiro en una decisión que solo puede ser catalogada como una extensión a los moralmente repugnantes casos insulares», plantea el certiorari de los maestros al Supremo.

El tema de los casos insulares, que es reiterado en este pedido de certiorari ha tomado relevancia en el debate jurídico estadounidense en meses recientes. Por un lado, en US v. Vaello el juez del Supremo Neil Gorsuch describió los casos insulares como «ley podrida» en parte por su origen racista, aunque no estaba directamente planteado el tema de estos casos en Vaello. Mientras que el caso Fitisemanu, el certiorari que podría ser considerado por el Supremo y presentado por ciudadanos de American Samoa, sí plantea directamente revocar los casos insulares.

El certiorari de los maestros se une a estas voces. «Esta corte debería aprovechar esta oportunidad y revocar los casos insulares», concluye el recurso de certiorari de los maestros sobre sus pensiones.

El recurso de certiorari fue presentado por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc., Grupo Magisterial Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc; Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc; en un pleito que es llevado por los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez, Jessica Méndez Colberg y Zoe C. Negrón Comas. El mismo busca que se revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones y de la jueza Laura Taylor Swain avalando el recorte de las pensiones.

Portavoces de los grupos se expresaron en comunicado de prensa sobre el recurso. Por ejemplo, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación, dijo que no se están oponiendo en este momento al Plan de Ajuste de la Deuda porque la JSF indico en su argumentación en Boston que el plan seguiría viable aun si se revirtieran los cambios ordenados a los planes de retiro. «Solo estamos solicitando lo que nos corresponde como personas trabajadoras», sostuvo.

«En síntesis, nuestra petición expone que la Junta de Control Fiscal se excedió en sus poderes al implementar los cambios al Sistema de Retiro del magisterio mediante el Plan de Ajuste de la Deuda», expresó, por su parte, Liza M. Fournier Córdova, presidenta de UNETE.

«Nuestra petición al Tribunal Supremo busca defender las pensiones y el retiro digno del magisterio, pero somos conscientes de que los argumentos que levantamos trascienden esos intereses. Estamos hablando de un caso que busca también la defensa de nuestros derechos, la integridad de nuestras leyes y la dignidad de un pueblo que ha sido sometido al burdo coloniaje», manifestó la profesora Migdalia Santiago Negrón, presidenta de EDUCAMOS.

Habla uno de los abogados del caso

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez recordó que la doctrina de campo ocupado o ‘preemptive doctrine’ surge del federalismo nortamericano, donde se parte de la premisa que los estados le ceden unos poderes al estado federal para que regule ciertas áreas. Cuando surge un conflicto entre disposiciones federales y estatales, se busca determinar si esa disposición federal emana de los poderes delegados por los estados al gobierno federal, y entonces se examina si la ley federal correctamente desplaza la ley estatal.

Afirmó que lo que ocurre es que dentro del contexto de PROMESA hay una cláusula expresa de supremacía, pero este no debería ser un tema en el caso de las pensiones de los maestros porque nada dice esa cláusula expresamente sobre los planes de retiro. También, dijo Emmanuelli Jiménez , que la jueza Swain ha recalcado que la JSF no podía legislar.

Pero, esto no ocurre en los Estados, puesto que un caso de quiebra no puede desplazar leyes como lo hizo en la Isla el Plan de Ajuste, que se autorizó el desplazamiento de las leyes estatales de retiro. Emmanuelli Jiménez entiende que esto se permitió como un derivado de los casos insulares, que permiten un trato diferente a lugares como Puerto Rico.

«Están aplicando una doctrina inexistente de ‘preemption’ y si existiera es a la luz de los casos insulares», dijo el abogado.

Agregó que este caso tiene ramificaciones para todo Estados Unidos en relación con algunas secciones de la Ley de Quiebras y en Puerto Rico para otros sectores no solo el magisterio, como las pensiones de los jueces y lo que podría pasar con planes de ajustes aún pendientes, como el de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Emmanuelli Jiménez aseguró que esperan en octubre saber si el caso será atendido o no por el Supremo.