La licenciada Ivette Montes, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, presentó una carta ante la representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas en New York (ONU), Deborah Fikes, solicitando apoyo a la comunidad internacional ante lo que denominó "una violación de libertad religiosa a los padres, madres y ciudadanos comunes."

Según indica la misiva, que hicieron pública durante la tarde de ayer, el gobierno actual de Puerto Rico ha ejercido "dos primeras etapas" de persecución contra los cristianos, dirigidas a criminalizar a las personas e instituciones que profesan esa fe. Esta aparente persecución la vinculan con "las atrocidades y genocidio" que sufren cristianos en países como Irak, África, Pakistán, Siria y regiones aledañas.

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Montes denunció que existe discrimen por religión en Puerto Rico, manifestado en la exclusión de profesiones cristianos competentes en posiciones del servicio público, la judicatura y el gabinete del Gobernador. Además, denunció el "bullying" por parte de organizaciones humanistas, conducta que "procura silenciar a los cristianos en las universidades".

La carta también expone que el estado se ha movilizado a "oficializar el discrimen y la exclusión de ciudadanos por sus creencias religiosas" mediante la adopción de varias leyes que castigan el discrimen por orientación sexual en el trabajo público y privado, así como la adopción de la carta circular 2015-002 para garantizar que el sistema público esté libre de "bullying" por motivo de orientación sexual e identidad de género percibidas.

A estas medidas, Montes las denominó como "proyectos de indoctrinación de manera transversal" a la vez que denunció que la inclusión de material didáctico para tales fines propicia la hostilidad de los estudiantes hacia la religión, y las comunidades de fe, que a su juicio se etiquetan como entes discriminatorios por que sus doctrinas incluyen el concepto "pecado". El gobierno, a su vez le ha dado participación preferencial a "grupos intolerantes anticristianos" mientras "excluye y ridiculiza públicamente a los cristianos".

Según Montes, todas estas acciones son parte del cumplimiento de un "manifiesto-gay" que expone que "todas las iglesias que nos condenan serán eliminadas".

La Alianza de Juristas Cristianos entienden que no tienen un ente al cual recurrir para denunciar estas violaciones de derechos humanos, ya que estas acciones discriminatorias "se han hecho a ciencia y paciencia del gobierno de Estados Unidos".

Finalmente, Montes denunció que el gobierno utiliza los medios de comunicación para desinformar al pueblo sobre los conceptos sexo, género e ideología de género.

"Acusamos a la política de degenerar y violentar los derechos humanos de nuestros niños en el sistema escolar haciéndoles objeto de lavado de cerebro y confusiones mentales, creando discriminaciones fundadas en sus características genéticas de su particular sexo biológico, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad".

A tales fines, la organización solicitó una expresión de repudio contundente a esta crasa violación de derechos humanos contra la comunidad cristiana en Puerto Rico y el mundo, cometida por el gobierno de la Isla, así como al gobierno de los Estados Unidos que utilizando su poder ha utilizado la presidencia para conceder privilegios especiales particulares a una población solo por su preferencia de conducta sexual, lo que a su juicio violenta los derechos constitucionales, humanos y la libertad religiosa de la "gran mayoría de la comunidad de fe cristiana de Puerto Rico y de Estados Unidos". Además expresaron que la ONU debería ser la encargada de desarrollar una ofensiva diplomática para garantizar los derechos humanos y que adopten las medidas necesarias para impedir que queden impunes acciones de terrorismo religioso de ISIS y otros grupos similares, contra los cristianos.