Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por Donald R. Milán Guindín

Hace unos días leí una nota sobre la posible terminación de las obras en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Automáticamente pensé en el arquitecto Antoni Gaudí, quien dedicó 43 años de su vida a la construcción de dicha obra. Vale la pena, amigo lector, estudiar a Gaudí, particularmente tres de sus grandes obras; la Casa Batlló, La Pedrera y el Parque Güell. En todas estas se puede apreciar como Gaudí tomaba en cuenta el medio ambiente de forma positiva e incorporaba; la dirección del aire, la entrada de luz solar y el recogido de agua de lluvia. En términos simples, sus obras contienen un perfecto balance entre lo práctico y la belleza, siempre respetando y en sintonía con el medio ambiente.

Unos días luego leí un post sobre Adolfina Villanueva y la comunidad Villa Sin Miedo, una comunidad que surgió en 1980 como parte del movimiento de rescate de terrenos la cual fue brutalmente desalojada y quemada por el Gobierno por conducto de la Policía. Villa Sin Miedo se componía de familias muy pobres sin los medios económicos para adquirir propiedades. También, invito a los lectores a leer sobre este tema.

Entonces, la Sagrada Familia, Gaudí y Villa Sin Miedo me llevaron a reflexionar desde otro punto de vista sobre lo que está pasando en La Parguera. Específicamente, sobre el tema de las casetas. Una comunidad con un perfil económico muy distinto al de Villa Sin Miedo.

Primero, unos datos importantes sobre La Parguera. En 1979 fue designada por el DRNA como reserva natural, allí ubica parte del bosque seco o Boque Estatal de Guánica y la Bahía Bioluminiscente, uno de tres cuerpos de agua con bioluminiscencia constante en el País. También hay un área de mangle interrumpido por la ubicación de casas sobre el mar, las llamadas casetas, y muelles. Vale destacar que, el manglar se encuentra entre los ecosistemas de mayor productividad de la zona costanera, alberga organismos residentes y migratorios, y son parte integral de la zona marítimo terrestre.

Los expertos han reconocido que el mal uso del terreno y la proliferación de viviendas en La Parguera contribuyen a la contaminación de las aguas que discurren hacia el mar y al aumento dramático en la iluminación artificial, ambos factores que agudizan el deterioro de los sistemas naturales.

Las casetas construidas desde hace varias décadas (aproximadamente desde 1960) ubican en la zona marítimo terrestre. Estas estructuras se han expandido y remodelado significativamente a vista y paciencia del Gobierno, y son vendidas con un valor de casas de lujo.

Aunque estas propiedades están sobre bienes de dominio público el Gobierno maneja el asunto de una manera muy distinta al desalojo de Villa Sin Miedo. Claro está, rechazo el actuar del Gobierno en Villa Sin Miedo, pero me temo que si los ocupantes de las casetas fuesen personas pobres la historia seria otra.

Es importante recordar lo que señaló el Tribunal Supremo nuestro en Buono v. Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415 (2009); nuestra Constitución estableció como política pública la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el mayor aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Esta disposición constitucional no constituye sólo la expresión de un insigne afán ni se reduce a un mero postulado de principios. Se trata, más bien, de un mandato que obliga a todos los componentes del Estado y prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza que sea contraria a éste.

Ciertamente, el Gobierno por mandato constitucional y por disposición de sus leyes y los reglamentos del DRNA debió y debe atender puntualmente el asunto de las casetas. Dada la importancia de la Reserva Natural de La Parguera el Gobierno debe tomar medidas prontamente, estas deben ir dirigidas a crear planes de mitigación para reponer el daño causado por las casetas, entre otras medidas. Por el contrario, la propuesta de cobrar cánones a los dueños de estas estructuras no atiende el daño ambiental causado o el que continuarán causando.

Concluyo esta nota señalando, la inacción del Gobierno en el tema de La Parguera dio paso a la destrucción del medio ambiente y al asentamiento de una comunidad con suficientes medios económicos para apoderarse de una costa impunemente.

Las columnas deben enviarse a mad@corp.microjuris.com y deben ser de 600-800 palabras.