Por el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, como máximo intérprete de la Constitución y las leyes en nuestra jurisdicción, desempeña un rol fundamental en la estabilidad y desarrollo del Derecho local. Su funcionamiento óptimo, por tanto, es un asunto de máxima importancia para los que ejercemos la práctica del derecho y la ciudadanía en general. Un análisis empírico de su rendimiento durante los últimos semestres de 2024 y el año 2025 ofrece un revelador estudio sobre cómo su composición impacta directamente su productividad, su cohesión interna y su capacidad para atender un mayor número de controversias.

Durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2024, el Tribunal Supremo operó con una configuración de ocho jueces a raíz de la vacante de la Juez Anabelle Rodríguez Rodríguez en diciembre de 2020. Esta configuración obligó al Tribunal a funcionar en dos salas de cuatro jueces cada una, en vez de las tres salas compuesta por tres jueces cada una que operaba hasta finales del 2020. A pesar de esta realidad operacional, durante ese periodo el Máximo Foro publicó 18 Opiniones y 4 Sentencias con opiniones de conformidad o disidentes.

Sin embargo, el panorama cambió en 2025 con la llegada de la Jueza Asociada Camille L. Rivera Pérez y el Juez Asociado Raúl M. Candelario López. Para el mismo periodo de julio a diciembre 2025, las Opiniones ascendieron a 23, un aumento de casi un 28% en comparación al mismo periodo de 2024.

Más reveladora aún es la drástica disminución en el número de sentencias publicadas, que pasaron de cuatro a solo una. Lejos de ser un indicador de menor trabajo, esta reducción es una señal positiva de un mayor consenso. Demuestra que, al atender las controversias mediante sentencias, los jueces lograron colegiar sus posturas de manera más efectiva.

Pero el análisis se vuelve aún más revelador al examinar la puerta de entrada al Tribunal: la expedición de recursos de certiorari. Esta métrica es crucial porque refleja la capacidad y disposición del Tribunal para seleccionar y atender los casos que definirán el derecho en nuestra jurisdicción. En el término judicial 2023-2024, el Tribunal, compuesto por ocho jueces, evaluó 931 recursos, de los cuales expidió 63 vía certiorari.

En contraste, para el término 2024-2025, a pesar de ser un año de transición, debido al retiro del Juez Asociado Edgardo Rivera García el 2 de enero de 2025 y la llegada de los Jueces Asociado Rivera Pérez y Candelario López el 6 de febrero de 2025, lo que provocó que el Tribunal trabajara con siete miembros por cerca de un mes y medio, el Supremo evaluó 940 recursos y expidió 74 autos de certiorari.

Este aumento de 17.5% en la expedición de recursos es extraordinariamente significativo cuando se estudia con detenimiento cómo funciona el Tribunal. Durante el término 2024-2025, se celebraron 8 reuniones del Pleno, que es donde todos los jueces deciden qué casos se expedirán o acogerán para ser atendidos en sus méritos. Los nuevos integrantes del Tribunal participaron en 5 de esas 8 reuniones. Esto demuestra que sus votos fueron un factor clave en el aumento de casos que el Tribunal decidió atender en sus méritos.

Estos datos confirman que un Tribunal Supremo con su plantilla completa es más productivo y eficiente. La llegada de los jueces Rivera Pérez y Candelario López permitió que el Tribunal volviera a operar con su estructura habitual de tres salas de despacho, con tres jueces cada una. Esta organización es la que permite manejar un mayor volumen de recursos cada semana, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del Tribunal.

Ahora bien, el impacto de los nuevos integrantes va más allá de los números. Queda por verse cuál será su postura sobre otros temas importantes para el funcionamiento del Tribunal Supremo, como lo son la celebración de vistas orales, la flexibilización reglamentaria para aceptar alegatos en calidad de amigos de la corte, y su visión sobre el funcionamiento interno de las distintas dependencias del Poder Judicial.

El Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos es fundador de Writs LLC, una firma boutique dedicada a la práctica apelativa y a la asistencia a abogados en la redacción de escritos apelativos. Es también el creador y conductor del podcast El Supremazo, un espacio dedicado al análisis de las decisiones y el funcionamiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.