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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos validó la prohibición a la que hubiera sido la primera escuela religiosa charter en la jurisdicción federal, pero un académico advierte que el tipo de acción del alto foro abre la puerta a que otros Estados o territorios insistan en este mecanismo.

La decisión fue 4 a 4, un empate, luego de que la jueza Amy Coney Barrett se inhibió, lo que pudo estar asociado a que los demandantes estaban representados por la Clínica de Libertad Religiosa de la Escuela de Derecho de Notre Dame, donde la hoy jueza fue profesora.

El empate implica que no hay decisión, por lo que se sostiene una decisión del Tribunal Supremo de Oklahoma, desde donde pretendía operar esta escuela charter virtual, que falló en contra de la creación de esta institución por "fundamentos religiosos".

"Este Tribunal ha sostenido en repetidas ocasiones que la cláusula de libre ejercicio prohíbe a un Estado denegar a una escuela beneficios generalmente disponibles a una escuela religiosa.  Este principio debería haber resuelto este caso.  El demandante es una institución religiosa privada.  Pretende participar en los beneficios del programa de escuelas concertadas de Oklahoma. Pero el tribunal inferior invalidó el contrato del Peticionario con la junta de la escuela charter por motivos religiosos.  El tribunal inferior ignoró los precedentes de este Tribunal porque, en su opinión, el Peticionario se había convertido en un brazo del gobierno en  virtud de ese contrato", alegó en su certiorari al Supremo de 2024 la St. Isidore of Seville Catholic Virtual School.

Según Carlos Chévere Lugo, profesor de derecho en St. Mary’s School of Law, desde la argumentación oral de este caso se preveía que el juez presidente John Roberts se distanciara del ala más conservadora del Supremo y no votaría a favor de que escuelas religiosas reciban estos fondos federales.

Pero, la particularidad detrás del voto de Barrett da a entender que el resultado puede ser diferente en el futuro, mencionó Chévere.

"Esta decisión solo aplica a Oklahoma. […] Esto no impide que venga otro Estado y, específicamente un estado conservador, diga: ‘Vamos a crear nosotros la primera charter religiosa’.[...]  Es importante porque esta controversia de las charter religiosas pudiera resurgir en otro Estado", sostuvo Chévere.

Aunque la administración Trump, a través de sus abogados del Departamento de Justicia, se inclinaron a favor de que estos fondos estén disponibles para grupos religiosos, contrario a la postura inicial de esta agencia bajo la administración Biden, Chévere dijo que no debe verse este resultado como un golpe a la Casa Blanca republicana. Agregó que se trató de un caso llevado a nivel de un Estado, pero destacó que casualmente fue el alto foro judicial de un Estado conservador el que falló en contra de expandir estas ayudas a escuelas de comunidades religiosas, al amparo de la constitución estatal de Oklahoma.

Al respecto,  indicó que en asuntos procesales algunos tribunales han resuelto a favor de la administración, como ha sido la decisión reciente de mantener la prohibición a entrar en el ejército a las personas trans. No obstante, añadió que cuando ya han resuelto en su fondo, a nivel sustantivo, jueces nombrados tanto por presidentes de ambos bandos del espectro político han fallado o se han expresado en contra de las políticas avanzadas por Trump. Este fue el caso reciente donde todas las mujeres juezas del Supremo, incluso la conservadora Barrett, criticaron la Casa Blanca de Trump en una vista sobre la ciudadanía por nacimiento, resaltó el también litigante.

Asimismo, Chévere manifestó que este caso del Supremo federal, aunque directamente solo atañe a Oklahoma, pudiera tener ecos en Puerto Rico. Ya en el 2018,  en el caso Asociación de Maestros v. Departamento de Educación, 2018 TSPR 150, se consideraba una controversia bajo la administración de Ricardo Rosselló sobre fondos a escuelas charter. En esta decisión se revocó indirectamente el caso de la Asociación de Maestros v. Secretario de Educación 137 DPR 528 (1994), un caso que afectó un primer intento de inyectar fondos públicos a escuelas privadas, los entonces llamados vales educativos del primer gobernador Pedro Rosselló.

«En ese caso (de 2018) el tribunal supremo de Puerto Rico dijo que la cláusula de establecimiento local era igual que la cláusula de establecimiento de Estados Unidos", resaltó Chévere. «Si el Tribunal Supremo federal permite usar los fondos públicos para el establecimiento de una escuela religiosa, aquí en Puerto Rico van a permitir entidades privadas religiosas», sostuvo.