Para el agrimensor Carlos Vega Santos y el abogado ambiental Gabriel Meléndez el alegado crimen ambiental en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos  (JBNERR, por sus siglas en inglés) en Salinas corresponde principalmente a la inacción de las agencias gubernamentales encargadas de proteger la zona ecológica, la cual actualmente está siendo amenazada por la ocupación, invasión y construcción ilegal desde el 1970.

El abogado ambiental consultado por Microjuris adelantó que, a pesar de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) estimó que revertir el daño ambiental en la zona costaría $4 millones en un periodo de cinco años, entiende que estimado no es real pues será difícil devolverlo a su estado natural.

"Esto es un patrón que estamos viendo por toda la isla, y se concentra específicamente en las costas. El ignorar lo que es la zona marítimo terrestre no solo se está dando en Salinas, sino en otros casos como Rincón, Aguadilla, entre otros. Esto es un patrón de privatizar las costas y limitar el acceso de la ciudadanía en general a las playas y a otras zonas históricas", relató el licenciado.

Estas zonas tienen un valor histórico, ecológico y recreacional, añadió Meléndez. Explicó que las autoridades federales y estatales son las responsables de la destrucción de la reserva, la cual a través de los años las personas han deforestado, destruido con construcción desmedida y alterado con rellenos, específicamente en el área del mangle.

"También hemos visto un patrón en la otorgación de permisos, que a la larga, resultan ser fraudulentos o ilegales. Me parece que es un patrón que están ignorando", mencionó el abogado, refiriéndose específicamente a ocho (8) permisos de uso fraudulentos en Bahía de Jobos. Esta información fue confirmada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El Estuario de la Bahía de Jobos en el Barrio de las Mareas está formando por islotes y cayos, y es una de las 27 reservas que forman la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Sistema de Reservas Nacionales de Investigación del Estuarinas. Cabe destacar que la reserva es operada en conjunto con el DRNA.

Esta reserva es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico y se extiende entre los municipios de Guayama y Salinas en terrenos que fueron adquiridos por el DRNA en 1981.

Sin embargo, estos terrenos tienen una particularidad, y es que la mayor parte de la tierra en la reserva fue propiedad de una empresa privada que arrendó la tierra a la Central Aguirre, que operaba una extensa finca de caña de azúcar. A pesar de que la industria azucarera colapsó en el 1980 en la isla, se le recuerda como una empresa autónoma, no solo en la producción azucarera, sino también como comunidad privada. Por lo que, durante muchos años estos terrenos pasaron por una trasformación social y comercial.

"Me perdonarán las agencias de todo Puerto Rico. En mi informe menciono cuáles son las agencias que colaboran o no con este servidor. Es inacción de varias agencias del Estado que fueron cómplices de lo que tenemos hoy en día allí", dijo el agrimensor Vega Santos, quien añadió que en su experiencia investigativa en la reserva ha tenido problemas para el acceso de información por parte de las agencias gubernamentales.

Vega Santos describió que las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dieron paso a la legalización de segregaciones que son "completamente ilegales".

Incluso, a través de los años se han otorgado permisos para la colocación de contadores de energía eléctrica e hidrantes. Algunas casas ‘trailer’ ubicadas en Camino El Indio cuentan con conexión a servicios como energía eléctrica y acueductos, señaló Vega Santos.

A su vez, el agrimensor explicó que las personas que actualmente ocupan un solar dentro o fuera de esta son "comuneros", y no propietarios, debido a que los terrenos en controversia pertenecen a una misma finca que nunca fue segregada. 

"Mi análisis es que nada de lo que está construido después de la comunidad Las Mareas debía estar ahí. A partir del  2014 se observó que las intenciones eran desarrollar el área y, desde entonces, básicamente, se levanta bandera, pero eso no quiere decir que en la comunidad no hayan habido otras invasiones", agregó el agrimensor, quien declaró bajo juramento en una vista pública ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Como parte de su testimonio Vega Santos presentó un plano en el cual muestra los terrenos. Según el documento, actualmente existen 57 solares en la finca, pero solo 20, los cuales no han sido segregados, están dentro de la "zona marítimo-terrestre".

"Que digan la verdad todas las agencias de gobierno. Las agencias están dormidas", sostuvo Vega Santos.

Reconoció, además, que en el 2015 hubo un cese y desista impulsado por la exsecretaria del DRNA Carmen Guerrero, y luego se redujo la multa. A su vez, reconoció que existe un conflicto por la titularidad de las tierras donde se ubica la reserva y que existe un estudio de la NOAA que alerta sobre la necesidad de remover las estructuras construidas en la zona y mitigarlas.

En el informe de la NOAA, publicado en octubre de 2018, se señala que la invasión de desarrollos privados en tierras que son propiedad del gobierno de Puerto Rico, así como el incumplimiento con regulaciones de navegación y pesca en la zona, están afectando la implementación de las protecciones y las operaciones de la reserva.  La agencia aseveró que este problema está ocurriendo hace años y que ha sido objeto de varias evaluaciones federales.

"Que me desmientan con un permiso de uso...", añadió.

Justicia tomará acción

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, determinó ordenar una investigación de carácter criminal paralela a la que realiza el DRNA en el ámbito civil.

"He determinado ordenar una investigación sobre posibles violaciones de carácter criminal en las construcciones y ocupación de los terrenos pertenecientes al DRNA en el área de la reserva en Salinas", manifestó el secretario.

Como parte de la investigación, se solicitará a las agencias pertinentes la entrega de una copia certificada del expediente y todo documento que tengan en su poder relacionado con este caso.

A solicitud del DRNA, en octubre de 2021, Justicia concedió una dispensa para que la agencia pudiera contratar representación legal privada para presentar el caso a nivel civil en lugar de ser representado por el Departamento de Justicia. 

"Según advine en conocimiento meses después de asumir el cargo como secretario de Justicia, este caso se estuvo trabajando desde agosto de 2020 en la Secretaría de lo Civil, ya que de la evaluación realizada por fiscales de la agencia, a base de la información provista por el Departamento de Recursos Naturales, el Ministerio Público no podía iniciar una acción de carácter penal", informó el secretario.

No obstante, luego de evaluar la información obtenida recientemente, Justicia iniciará un proceso de investigación de índole criminal.

Las fiscales designadas a investigar son Zayla N. Díaz Morales y Roxanne Rivera Cintrón, quienes iniciarán el proceso de recopilación de evidencia prontamente.