Por María Soledad Dávila Calero

Después de un trámite legislativo extenso, el Proyecto de la Cámara 338, que busca un aumento escalonado al salario mínimo, recibió la aprobación a viva voz del Senado de Puerto Rico dos días después que la medida pasó en la Cámara de Representantes y ahora está próxima a llegar a La Fortaleza para la firma o veto del gobernador Pedro Pierluisi.

El proyecto propone un aumento del salario mínimo en el sector privado a $8.50 para enero de 2022, seguido por un aumento a $9.50 en julio de 2023 y un aumento de $10.50 en julio de 2024.

Este último aumento está condicionado a que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo le de el visto bueno.

La próxima discusión sobre el salario mínimo es para evaluar un aumento para los trabajadores del sector público, explicó el representante Domingo Torres, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales, aunque para este tema espera habrá más debate con la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

Para sector público

Durante su turno de debate, el senador Carmelo Ríos planteó que el aumento al salario mínimo para el sector privado se debió trabajar en conjunto con el aumento al salario mínimo del sector público y que para este tema entiende que habrá resistencia o preocupaciones de parte de los municipios.

«El gobierno no le puede exigir a las compañías privadas o a la economía privada algo que no está dispuesto a dar», dijo Ríos, quien es el portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), y luego aseveró que «ese debate nos va a explotar en las manos rápidamente».

Ríos argumentó que parte del problema que pueden encontrar en discusiones con los alcaldes tanto de la Federación de Alcaldes, que alberga a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, como la Asociación de Alcaldes, que alberga a los del Partido Popular Democrático, es que desde el gobierno central ha limitado las medidas de recaudos para los municipios.

Sin embargo, el representante Domingo Torres, que preside la comisión laboral en la Cámara de Representantes, argumentó a Microjuris que debido a que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) tiene injerencia en el presupuesto gubernamental, el proceso para aprobar un aumento en el sector gubernamental iba a ser más cuesta arriba y por eso las medidas se debían separar.

"Tenemos una junta de supervisión fiscal que lo primero que va a hacer es trastocar el proyecto y se iba a ver trastocado el proyecto de la empresa privada", argumentó Torres a Microjuris.

"Por eso fue que decidimos llevarlo por separado, para entonces poder dar la lucha completa y dedicarnos en cuerpo y alma en lo que va a ser el aumento al salario mínimo en el sector público, porque este sí nos va a tomar tiempo y en este sí vamos a echar la batalla un ratito con la junta de supervisión fiscal, porque ahí sí ellos van a entrar".

Igualmente, Torres planteó que ya comenzaron las conversaciones con los alcaldes y que hay que atender los retos particulares de cada municipio y cada agencia.

El representante entiende que ya debe haber una porción considerable que ya tiene $8.50 como el salario menor en su plantilla.

Consensos legislativos

Por otro lado, el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), planteó en su turno de debate que le estaría votando a favor a la medida porque es un avance, pero entiende está lejos de hacerle justicia salarial a la clase trabajadora.

«Estamos a favor de esta medida porque es lo que podemos aprobar en este momento», dijo Bernabe y luego argumentó que el gobierno federal probablemente aumente el salario mínimo a una cantidad mayor a las consideradas en el Proyecto de la Cámara 338.

En contraste, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, argumentó que si bien pudieron haber conseguido los votos en la legislatura para un aumento mayor y tener un triunfo político, se trata de, «en circunstancias como las que estamos de un gobierno compartido, de un Senado pluralista, lograr armonizar todo eso para hacer realidad un aumento al salario mínimo».

En entrevista a Microjuris, el representante Torres también argumentó que se trata de buscar consenso entre los diferentes componentes del gobierno, pero también entre los diferentes componentes de la economía y entender que por las diferentes asignaciones federales, Puerto Rico tiene una economía inflada.

«Estoy sumamente contento por este resultado final, el que se haya aprobado en ambas cámaras. Ya era un proyecto que llevábamos bastantes días, eran días bastante largos en el proceso de poder llegar a los puntos de encuentro, de las negociaciones entre Cámara, Senado y el Ejecutivo», aseguró el representante.