Un proyecto de ley de la autoría de la senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda M. Soto Tolentino, se encuentra ante la consideración de la gobernadora de Puerto Rico, con el propósito de fortalecer los servicios de la Línea Dorada mediante la incorporación de protocolos específicos, con el fin de atender casos de explotación financiera y coordinar una respuesta inmediata entre las agencias gubernamentales pertinentes.

Se trata del Proyecto del Senado 813, que de obtener la firma de la primera mandataria y convertirse en ley, estaría enmendando la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.

Accede aquí a la medida:

Reza la medida, que la Ley 121-2019 define la explotación financiera como el uso impropio de bienes o recursos de un adulto mayor (que son las personas de 60 años o más) mediante fraude, falsas pretensiones, malversación, coerción u otras modalidades que lo despojen de su patrimonio.

Según la exposición de motivos, este tipo de abuso suele ser cometido por familiares, cuidadores o personas de confianza, dejando a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad económica, y señala que, aunque el servicio de la Línea Dorada ya opera las 24 horas para atender denuncias de maltrato y negligencia, resulta necesario establecer un mecanismo especializado para responder con mayor rapidez a los casos de explotación financiera, preservando evidencia, coordinando con instituciones bancarias y evitando la revictimización de las personas afectadas.

A esos efectos, esta legislación propone que la Línea Dorada, que es administrada por el Departamento de la Familia, amplíe sus funciones para recibir y atender denuncias relacionadas con el uso indebido de fondos, propiedades o recursos de personas de edad avanzada, garantizando la confidencialidad de los reportes y la intervención coordinada con el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y otras entidades competentes.

La propuesta a su vez, también contempla la creación de equipos multidisciplinarios para ofrecer apoyo social, psicológico y económico a las víctimas, el desarrollo de campañas educativas sobre las modalidades de explotación financiera y del uso de la Línea Dorada, así como la elaboración de estadísticas anuales sobre los casos recibidos y su resolución para informar a la Asamblea Legislativa y al gobernador sobre la efectividad del programa.

De la pieza legislativa convertirse en ley, el Departamento de la Familia deberá recibir y registrar las querellas, evaluar de inmediato la urgencia de cada caso y adoptar medidas de protección cuando sean necesarias. Además, tendrá la responsabilidad de coordinar investigaciones con el Departamento de Justicia, solicitar la intervención de la Policía para la protección de la víctima y la recopilación de evidencia, canalizar apoyo legal mediante la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y gestionar, cuando proceda, acciones con entidades financieras o el Departamento de Hacienda para congelar activos sospechosos.

La medida, que fue avalada de forma unánime por ambos cuerpos legislativos, y a la cual se sumaron otros 13 senadores como coautores de la misma, destaca que esta iniciativa aprovecha la infraestructura existente de la Línea Dorada, por lo que no requiere la creación de una nueva línea telefónica, ni tampoco la asignación de recursos adicionales, al tiempo que busca fortalecer la protección de una población cada vez más vulnerable ante este tipo de delitos.

Información de contacto para la Línea Dorada

Para su beneficio, compartimos aquí el número de dicha línea, la cual es accesible a través del 1-800-981-8333 (libre de costo para toda la isla) y 787-749-1333 (área metropolitana), donde se recibe y atienden reportes confidenciales de abuso, incluyendo explotación financiera, además de coordinar intervenciones protectoras.