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La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado 298 propone crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, establecer sus funciones, facultades y estructura operacional, así como requerir la elaboración de un Plan Estratégico dirigido a la prevención, detección y erradicación de la trata humana. La medida también persigue establecer una política pública basada en evidencia para atender este fenómeno mediante la coordinación de esfuerzos gubernamentales y la recopilación sistemática de información.

La exposición de motivos describe la trata humana como una forma de explotación dirigida a obtener beneficios económicos mediante la utilización de personas en condiciones de vulnerabilidad. La medida señala que este delito puede manifestarse mediante explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre involuntaria, extracción de órganos y otras formas de explotación. También destaca que las víctimas suelen enfrentar barreras para denunciar los hechos debido al miedo, la vulnerabilidad económica o dificultades de acceso a servicios y justicia.

El proyecto repasa diversas iniciativas legislativas aprobadas en Puerto Rico para atender este problema, incluyendo disposiciones contenidas en la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; la Ley Núm. 225-2014, que incorporó la trata humana como modalidad de maltrato de menores; y la Ley Núm. 8-2015, relacionada con la asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana. Además, señala que la falta de estadísticas organizadas y de información uniforme limita la capacidad del Gobierno para diseñar políticas públicas efectivas y coordinar esfuerzos dirigidos a combatir este delito.

Creación del Observatorio de Trata Humana

La medida crea el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico adscrito a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Su propósito principal será recopilar, organizar y analizar la información generada por las agencias gubernamentales relacionada con la trata humana, así como promover la formulación de políticas públicas fundamentadas en evidencia sobre los factores de riesgo asociados a este delito.

Entre sus funciones se incluyen identificar programas gubernamentales relacionados con el tema, recopilar y evaluar estadísticas, analizar políticas públicas vigentes, diseñar sistemas de identificación temprana de factores de riesgo, recomendar protocolos de prevención, divulgar mejores prácticas y publicar informes y estadísticas mediante una plataforma digital accesible al público.

Facultades y coordinación interagencial

El proyecto autoriza al Observatorio a requerir información estadística de agencias, municipios y otras entidades gubernamentales, así como establecer los formatos y mecanismos para la recopilación y entrega de datos. También le concede facultades para crear comités de trabajo, encomendar investigaciones científicas, solicitar fondos estatales y federales, aceptar donativos y desarrollar indicadores uniformes para medir la incidencia, prevención, procesamiento judicial y asistencia relacionada con la trata humana.

La Comisión de Derechos Civiles será responsable de dirigir el Observatorio, nombrar un coordinador y coordinar la implantación de la política pública gubernamental relacionada con la trata humana. Asimismo, deberá gestionar recursos presupuestarios y procurar fondos externos para su funcionamiento.

Indicadores y Plan Estratégico

La medida dispone que, dentro de los doce meses siguientes a su aprobación, el Observatorio deberá diseñar y adoptar indicadores con la participación de múltiples entidades gubernamentales, incluyendo el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, ASSMCA, el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, DACO, PRITS y el Poder Judicial.

Una vez adoptados los indicadores, el Observatorio y las entidades participantes desarrollarán un Plan Estratégico que será sometido a la Asamblea Legislativa como referencia para futuras iniciativas legislativas y administrativas relacionadas con la prevención, detección y erradicación de la trata humana.

Informes, penalidades y vigencia

La medida requiere que la Comisión de Derechos Civiles rinda un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la situación de la trata humana en Puerto Rico. También establece un régimen de multas administrativas para agencias, municipios, entidades o personas que incumplan con los requisitos de suministro de información, cuyos recaudos ingresarán a un Fondo Especial del Observatorio destinado exclusivamente a sufragar sus operaciones.

Además, faculta a la Comisión de Derechos Civiles y a otras agencias a adoptar la reglamentación necesaria para implantar la ley, incluye una cláusula de separabilidad y dispone que la ley entrará en vigor noventa días después de su aprobación.

El proyecto de ley es de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve y será enviada a la Gobernadora, Jenniffer González Colón, para su aprobación o veto.