Durante el día de ayer se aprobaron en la Cámara de Representantes todos los proyectos relacionados con el restablecimiento de las facultades del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR).

Los proyectos aprobados fueron:

• Proyecto de la Cámara 1356 que le devuelve al Colegio de Abogados de Puerto Rico la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces.

• Proyecto de la Cámara 1366 que restablece el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico y crea el Fondo de Acceso a la Justicia para asegurar recursos a instituciones que proveen representación legal a indigentes o poblaciones marginadas del país.

• Proyecto de la Cámara 1367 que restablece el requisito de ser miembro del Colegio de Abogados para practicar la notaría.

«Estos proyectos tienen la finalidad devolverle al Colegio todas las herramientas para cumplir su rol con el país. De dejar atrás el castigo y la persecución del pasado. Se trata de proteger la profesión de la abogacía y a la ciudadanía, mantener sus mejores prácticas, la defensa del acceso a la justicia, servicios a la ciudadanía y la elevación de nuestro sistema de justicia y tribunales", expresó el representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión Cameral de lo Jurídico.

Uno de los principales objetores de la medida es el representante Luis León quien reiteró su posición alegando que colegiar a los abogados y abogadas de forma obligatoria le violenta sus derecho a la libre asociación, puesto que actúa como un partido político.

"Este es otro impuesto más para aquellos de nosotros que no queremos ser esclavos de una organización que no representa nuestros intereses. Nos obligan y, además, tenemos que pagar por estar en un lugar que no queremos", culminó.

El pasado 6 de septiembre de 2013 el gobernador Alejandro García Padilla envió a la legislatura un anteproyecto de ley que busca restablecer el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La medida deroga las Leyes 121 y 135 de 2009 e incorpora un nuevo artículo a la Ley Núm. 43 del 1932 para crear el Fondo de Acceso a la Justicia. Este fondo tiene como propósito primordial ayudar a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas que por razones económicas no puede sufragar representación legal.

El gobernador envió también para consideración legislativa un anteproyecto que restablece el requisito de membresía al Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría en la isla.

En el cuatrienio pasado se eliminaron la colegiación obligatoria, el requisito de ser colegiado para practicar la notaría y los ingresos que se designaban para servicios de la profesión y para la comunidad puertorriqueña al CAPR.

A las vistas públicas sobre el proyecto compareció la Asociación de Notarios de Puerto Rico, quienes por medio de la abogada notaria Blanca G. Trinidad y el abogado notario Pedro Ortíz Bey, expresaron que la asociación respaldaba la colegiación obligatoria. No obstante, la organización objetó que se le cambiara el nombre al Colegio de Abogados para añadirle la frase «y Abogadas y del Notariado». Ello, porque en primer lugar, no era necesario forzar las estructuras lingüísticas para eliminar el sexismo y que por otra parte el cambio para añadir lo respectivo al notariado se prestaba a confusión dando a entender que «el ejercicio de ambas profesiones es indivisible».

«Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado reiteradamente en cuanto a que en el ejercicio dual de la abogacía y el notariado resulta incompatible, ya que cuando el notario actúa no lo hace en representación de una de las partes sino como intérprete imparcial de la intención de todos los otorgantes», señala la ponencia.

Además expresaron que no debía perpetuarse el accidente histórico que colocó a ambas profesiones en un solo colegio. Señalaron que la realidad histórica y práctica en que se trata a las dos ocupaciones como distintas, y cuyo ejercicio es compatible, no cumple con ningún fin legítimo.

Concluyeron que su aspiración era establecer el Colegio Notarial de Puerto Rico, como ente separado del Colegio de Abogados, y que ha habido proyectos dirigido a ello que no han sido aprobados.