Durante el cierre de sesión legislativa se aprobó el Proyecto del Senado 1621, que busca se establezca una licencia provisional para médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios licenciados de otras jurisdicciones de Estados Unidos u otros países que vengan a Puerto Rico para proveer servicios veterinarios gratuitos en eventos de masivos.

El proyecto, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, establece que todas las licencias provisionales emitidas por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios expirarán 30 días a partir de la fecha de su emisión y podrán renovarse hasta tres veces al año.

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La licencia provisional será emitida por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, la entidad que se deberá confirmar que los médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios licenciados que lleguen a Puerto Rico para ofrecer sus servicios gratuitos al público cumplan con los requisitos de la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria y que sus servicios sean en conjunto con un albergue de animales u organización de bienestar animal organizada conforme a las leyes del gobierno de Puerto Rico.

Los médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios enviarán su solicitud a la junta con al menos 60 días de anticipación a la fecha que tenga prevista para ofrecer los servicios veterinarios.

La junta deberá evaluar todas las credenciales del solicitante, incluyendo la documentación que evidencie que está en cumplimiento (good standing) en la jurisdicción de la que provenga.

El director o la directora del albergue u organización de bienestar animal deberá enviar una declaración jurada con acuse de recibo sobre la gestión con al menos 60 días de anticipación al evento.

En la comunicación también deberá incluir toda la información correspondiente de la actividad, así como las credenciales del veterinario solicitante (nombre, dirección, teléfono, estado o país donde practica la medicina médico-veterinaria y número de licencia).

De igual forma, deberá anejar evidencia de la licencia, permiso o documento análogo expedido en la jurisdicción en que esté autorizado a prestar servicios veterinarios o relacionados con aquella documentación que evidencia que está en cumplimiento en la jurisdicción de donde provenga.

Durante el debate que se dio en la Cámara Alta antes de ser aprobado, el senador José Vargas Vidot opinó que «no todo el mundo tiene el dinero para entrar a un veterinario. La mayoría de los veterinarios han desarrollado maratones junto a organizaciones de rescatistas con el propósito de las personas tengan acceso a que sus animalitos sean vacunados y esterilizados».

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Mientras tanto, quedaron pendientes y sin ser atendidos el Proyecto del Senado 1622 y el Proyecto del Senado 1624, que también buscaba atender la incertidumbre que dejó la decisión judicial que declaró nulas e inválidas las órdenes ejecutivas que concedían dispensas a médicos veterinarios sin licencia en Puerto Rico que proveían servicios veterinarios masivos.

Los proyectos legislativos surgieron luego declararse nulas la Orden Ejecutiva 2020-15 y la Orden Ejecutiva 2020-18, que establecen como política pública del gobierno de Puerto Rico asegurar el bienestar y protección de los animales, particularmente durante el periodo que emergencia. Las órdenes le permitían a una organización sin fines de lucro proveer protección, albergue y servicios veterinarios.

La declaración de nulidad fue el desenlace del pleito que llevaron tres veterinarios que reclamaban que el mecanismo de dispensa que proveían las órdenes ejecutivas no estaba contemplado en la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria en Puerto Rico y la Ley Habilitadora del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, por lo que debían ser declaradas inválidas.

El Proyecto del Senado 1621 se encuentra ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la espera de su firma.

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