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La Cámara de Representantes aprobó durante la tarde del viernes, una medida encaminada a poner fin a la controversia surgida entre los taxistas y conductores de Uber. La Resolución de la Cámara 7 busca investigar e implementar legislación que simplifique y flexibilice los requisitos para operar un taxi u otro medio de transporte análogo en Puerto Rico.
A través de esta pieza legislativa, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, se realizará una investigación para determinar la eficacia de la regulación y/o fiscalización del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de las llamadas Empresas de Red de Transporte (ERT). Esta responde a las denuncias de diversas organizaciones que representan a los taxistas del País en cuanto a que las reglas impuestas a ellos, y fiscalizadas por la Compañía de Turismo (CTPR), no aplican a los conductores de Uber.
Destaca el representante Navarro Suárez en la medida que, a pesar que ya varios tribunales se han expresado a favor de la jurisdicción del DTOP para regular las ERT, y que Turismo recientemente intentó aclarar las zonas turísticas de recogido exclusivo para transportistas autorizados por dicha agencia, en estos momentos reina un ambiente de confusión e incertidumbre entre todos los sectores.
La medida dispone que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes comenzará una investigación dirigida a determinar la eficacia de la regulación y/o fiscalización del DTOP de las llamadas ERT; determinar la conveniencia y/o necesidad de implementar legislación que modifique o defina con mayor precisión los requisitos legales o reglamentarios que han de cumplir las ERT para operar en Puerto Rico, incluyendo pero no limitado a la agencia o agencias que habrán de tener jurisdicción sobre el asunto y las zonas geográficas en las que podrán operar; determinar la conveniencia y/o necesidad de implementar legislación que simplifique y/o flexibilice los requisitos para operar en Puerto Rico un taxi u otro medio de transporte análogo.
La Comisión de Gobierno deberá presentar un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo determinaciones, conclusiones y recomendaciones, dentro de los 180 días siguientes a la aprobación de la resolución.