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La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 574 con el objetivo de crear el Fondo Especial para el Financiamiento del Desarrollo e Implementación de Estrategias de Prevención de la Violencia Doméstica, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Los fondos vendrían de multas de $100 que se impondrán contra las personas a las que se les imponga una orden de protección al amparo de la Ley 54.
La medida, aprobada por votación unánime, enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
La Ley 54 reconoció que en Puerto Rico la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta nuestra sociedad, y aún a 31 años de haber sido aprobada, cada día son más las personas que acuden a los tribunales solicitando órdenes de protección.
Según estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), en el año fiscal 2018-2019, se solicitaron 11,439 órdenes de protección en los tribunales del país.
En promedio, se solicitaron 953 órdenes de protección mensuales y 220 semanales. Además, según datos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en el año natural 2019, unas 5,896 mujeres se querellaron por incidentes de violencia doméstica.
El Informe sobre la Implantación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de Puerto Rico reveló que desde la promulgación de la ley, hasta junio de 2014, se reportaron cerca de 447,264 incidentes de violencia doméstica en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, siendo una cifra alarmante ante la magnitud de los casos de violencia doméstica reportados.
Esta medida tiene como propósito imponer una multa de $100 a la parte peticionada en todo caso en que se expida una orden de protección al amparo de la Ley 54, la cual deberá ser pagada en su totalidad dentro de un término de 30 días, o cuando la misma supere su carácter provisional.
En circunstancias extraordinarias, el Tribunal podrá prorrogar el pago dentro de un término de 60 días desde la fecha en que se expida una orden de protección definitiva.
Los ingresos provenientes de esa multa serán destinados, en su totalidad, al Fondo Especial para el Financiamiento del Desarrollo e Implementación de Estrategias de Prevención de la Violencia Doméstica.
Según el texto, esta ley permitirá que la OPM coordine para que en todo caso en que se emita una orden de protección al amparo de la Ley 54, y la víctima sea mujer, se le provea un cuestionario especial con el propósito de recopilar información sobre la víctima, la persona agresora, las circunstancias presentes o pasadas de la relación de pareja, las condiciones socioeconómicas de ambos(as), entre otras variables.
El cuestionario será creado por la OPM y tendrá el objetivo de ayudar para el desarrollo e implementación de estrategias informadas y eficaces para prevenir la violencia doméstica en Puerto Rico.
La OPM adoptará también un reglamento especial para regir la administración y utilización de la información obtenida por vía de este cuestionario, que será uno de carácter anónimo y la víctima podrá completarlo voluntariamente, por lo que no está obligada a contestar.
La medida fue presentada por once legisladores en los cuales se encuentran el presidente del cuerpo, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, el representante Er Yazzer Morales Díaz, y las representantes Jocelyne M. Rodríguez Negrón, Lydia Méndez Silva, Lisie Burgos Muñiz, Wanda Del Valle Correa, Sol Y. Higgins Cuadrado, Estrella Martínez Soto, Yashira Lebrón Rodríguez, María de Lourdes Ramos Rivera, y Deborah Soto Arroyo.
El proyecto de ley pasa ahora a la consideración del Senado.