Aprueban medida que establece la «Ley Anti-Discrimen Comercial»

01 de junio de 2012

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Aprueban medida que establece la "Ley Anti-Discrimen Comercial" La Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de administración para establecer la «Ley Anti-Discrimen Comercial», a fin de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los consumidores sobre prácticas discriminatorias de empresas de los 50 estados de EEUU que hacen negocios en la isla (P. de la C. 3658).

La pieza que dispone que el Gobierno de Puerto Rico no hará negocios con empresas que discriminen con los consumidores puertorriqueños y faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a establecer la «Oficina de Anti-Discrimen Comercial», contó con 46 votos a favor, un voto en contra.

La legislación pretende que se frene la discriminación que por años han mantenido algunas compañías de los Estados Unidos. Éstas se niegan a ofrecer a los que residen en Puerto Rico, los mismos bienes y servicios que al resto de los conciudadanos de la Nación.

También, hay compañías que ofrecen sus bienes y servicios a los clientes de Puerto Rico, pero a precios más altos o con menos garantías que a los clientes de los 50 estados de la Unión.

La medida consigna que «el trato discriminatorio a los consumidores en Puerto Rico no es cónsono con las garantías y salvaguardas que se han reconocido a consumidores en los estados, a tenor con el ordenamiento jurídico federal».

El proyecto ordena a las agencias gubernamentales no hacer negocios con aquellas empresas que discriminan con los consumidores residentes en Puerto Rico. El propósito de esta penalidad es evitar que las contribuciones de los puertorriqueños sean utilizadas para financiar las operaciones de compañías que en el curso de sus negocios discriminan contra nuestros residentes. De igual modo, faculta a DACO a recibir e investigar querellas sometidas por los consumidores puertorriqueños, a ponerse en contacto con la compañía querellada y ofrecerle la orientación necesaria para que enmiende su política discriminatoria de manera que se vayan erradicando esas prácticas; y a comparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier tribunal, junta o comisión, entre otros.