Por María Soledad Dávila Calero

La Cámara de Representantes aprobó a viva voz el presupuesto para el año fiscal 2022 contenido en la Resolución Conjunta de la Cámara 144, según enmendada. Esta medida es la que contenía la propuesta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera con un Fondo General de $10,112 millones.

Aunque la medida recibió enmiendas, el número final del Fondo General se quedó en $10,112 millones y según el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, la propuesta tuvo ya el aval de la junta fiscal.

Argumentó Santa a cuestionamientos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) que el documento que recibieron los legisladores el 10 de junio previo a la vista de consideración final o "mark-up" fue el documento enviado por la junta fiscal.

Santa defendió tanto la propuesta, como el proceso de consideración de la resolución conjunta que se basó en que las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado trabajaran en conjunto tanto las vistas como la preparación del documento y las reuniones con el ente fiscal.

Enmiendas

Aunque la resolución de presupuesto según enmendada mantiene el recorte de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), Santa resaltó que establecieron un fondo de dotación de $163 millones y que a su vez están $47 millones en un fondo de becas.

En el caso del recorte de $44 millones a la asignación de los municipios, el recorte se mantiene, pero la delegación del Partido Popular Democrátivo presentó los Proyecto de la Cámara 823, 824, 825, 826 y 827 que buscan descentralizar varias funciones del gobierno central a los municipios y con eso presupuesto, entre otras posibilidades.

También presentaron una propuesta de $66 millones, aunque después sería enmendada en sala a $90 para atender la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a trabajar a otras agencias una vez Luma Energy tomó control del segmento de transmisión y distribución de la AEE.

Santa planteó que también se tienen que trabajar varios problemas en el área de administración de las agencias.

"No es solamente asignar fondos públicos. Hay que eliminar escollos para que las agencias puedan cobrar", dijo Santa y mencionó el problema de recobro a planes médicos que tiene la Administración de Servicios Médicos, la cual administra el Centro Médico.

No necesariamente sea final

El presidente de la Comisión de Hacienda planteó como un problema el presupuestar para el año fiscal entrante tomando en cuenta fondos de Medicaid que se espera sean asignados en septiembre, cuando culmina el año fiscal federal, porque no hay certeza de cuán alta sea la asignación. Sin embargo, Santa indicó que una vez se haga la asignación, probablemente se enmiende el presupuesto del año fiscal 2022, que ya estará en curso.

Otra situación que también puede producir una enmienda al presupuesto del 2022 una vez esté en curso, es que en la corte de Título III se apruebe un plan de ajuste de deuda, ya que de aprobarse una restructuración de la deuda del gobierno central se tendría que volver a incluir el servicio o pago de la deuda.

Cuestionan valor

Por su parte, el proyecto recibió críticas o expresiones de preocupación de parte de las delegaciones del PNP, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad.

En el caso del MVC, su portavoz en la Cámara, Mariana Nogales, argumentó que no era posible argumentar con la junta fiscal y planteó que el presupuesto presentado mantiene muchas medidas de austeridad.

"El gobierno tiene que dar servicios esenciales y para eso tiene que funcionar", dijo Nogales, mientras argumentó que había que asignar más fondos a entidades como la UPR.

Además, planteó que antes de validar los recaudos, hay que evaluar el código de incentivos ya que eso es dinero que el gobierno deja de recibir, pero no hay datos que apunten a que están ayudando al desarrollo económico.

Por su parte, Denis Márquez Lebrón, del PIP, planteó que más allá de la propuesta, el problema de fondo es que según establece la Ley Promesa o el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act en su Título II sección 202, la junta fiscal es la que tiene la última palabra y mencionó varias leyes que la junta ha revertido.

"Estamos haciendo el aguaje de aprobar un presupuesto porque al fin y al cabo lo deciden ellos [la junta fiscal]", aseveró Márquez.

Un argumento similar fue presentado por el representante novoprogresista, José "Quiquito" Meléndez, aunque usó gran parte de su turno para criticar que las Comisiones de Hacienda se hayan enfocado en reunirse con el ente fiscal y no con el Ejecutivo. El representante del PNP argumentó que sw debieron dar más reuniones entre el gobernador y la legislatura.

Por su parte, el portavoz del PNP, Carlos "Johnny" Méndez, y los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Juan Oscar Morales insitieron en enmiendas que hubierna convertido la medida en una más parecida a la propuesta por el gobernador Pedro Pierluisi, de un Fondo General de $10,345 millones.