La licenciada Guimazoa Miranda Hernández y el licenciado Efraín Ruiz Ruiz explicaron a Microjuris.com que los centros judiciales deberán contemplar los «face shields» (protectores faciales, en español) o un banquillo de testigos con un acrílico protector como una medida administrativa para procurar un debido proceso en los juicios.

Además, señalaron que podría ser necesario abandonar las medidas que obligan a testigos a usar una mascarilla cuando presenten sus testimonios en las salas de los tribunales.

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«Los jueces son humanos. Observan el comportamiento, el tono de voz y la manera de expresarse del testigo. No van a tener una experiencia completa y cabal si ese testigo tiene una mascarilla. La mascarilla obstruye la visibilidad sobre los ademanes o las muecas. Esto, a su vez, afecta la prueba, sobretodo en casos basados en credibilidad», puntualizó Miranda Hernández.

Para la licenciada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), tener un testigo prestando su testimonio con una mascarilla menoscaba el derecho al careo, particularmente en un proceso contencioso o cuando el juez tiene que atender la credibilidad de testigo.

«Todo lo que pueda obstaculizar los gestos y ademanes va a afectar la capacidad para apreciar la prueba. El tribunal tiene un precedente viejo que dice que el derecho al careo es la herramienta más importante para el descubrimiento de la verdad», agregó la licenciada de SAL.

La licenciada Miranda Hernández también señaló la necesidad de que exista mejor tecnología para que los jueces puedan observar —como si estuviesen presentes y no desde otra oficina— todo lo que sucede en el tribunal durante un juicio o un pleito.

De otra forma, la licenciada señaló que deberá ser necesaria su presencia en la sala.

«Si el acrílico protector (que tienen los jueces en su estrado) no es suficiente, deben asegurarse de que la tecnología sea amplia y se puedan apreciar los ademanes y las muecas. La tecnología o lo que se ve no puede ser difuso», explicó.

Miranda Hernández también propuso que se organice una mesa de trabajo multisectorial, junto a los grupos o agencias que atienden el proceso penal en Puerto Rico, para atender la controversia y las medidas sobre cómo se atenderán los procesos judiciales a pesar de la pandemia por COVID-19.

«Todavía estamos a tiempo de reevaluar todo esto. Esto no se va a acabar en dos semanas. No deben haber parchos», sostuvo.

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Por otra parte, el licenciado Ruiz Ruiz —que fue el abogado de Daniel Cruz Rosario en el caso donde el Tribunal de Apelaciones determinó que los testigos tendrán que declarar sin mascarillas— destacó a Microjuris.com que la pandemia no puede determinar si las personas acusadas tendrán acceso a sus derechos constitucionales, particularmente el derecho a un debido proceso.

«Un testigo que tiene la cara tapada se le distorsiona la voz. No estamos acostumbrados a hablar con mascarillas. Esto hace que la voz cambie y hace que sea muy fácil tergiversar la verdad. Esto es tan sencillo como que no se puede testificar con gafas de sol», puntualizó Ruiz Ruiz.

Ruiz Ruiz también señaló explicó que el caso sobre Cruz Rosario —donde Apelaciones determinó que no se podrá dar un testimonio con una mascarilla— «es un caso sencillo. Yo no entiendo cómo es que los tribunales no lo ven».

Sin embargo, sostuvo que los face shields que integró el Tribunal de Arecibo para sustituir las mascarillas fueron una medida razonable.

«Al principio tuve mis dudas, pero vi que se puede apreciar lo que taparía la mascarilla. Hay razonabilidad y yo no quise ser demasiado exigente sin tomar en consideración el personal», explicó.

Igualmente, destacó que los tribunales deben considerar una cubierta acrílica para el banquillo de los testigos y así mejorar la visibilidad sobre los detalles de los testimonios.

Aunque la defensa de Cruz Rosario —que también cuenta con la licenciada Frances Lorena Ruiz— está satisfecha con la decisión del Tribunal de Apelaciones y las determinaciones del Tribunal de Arecibo para cumplir con la orden, el licenciado Ruiz Ruiz adelantó que el ministerio público podría levantar cuestionamientos ante el Tribunal Supremo antes del 3 de agosto.