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La determinación judicial en el caso Rosa Lydia Vélez v Departamento de Educación, que exime al Departamento de Educación de informar sobre el cumplimiento de unas 11 estipulaciones de la Sentencia Parcial de 2002 ha consternado a togados y a la comunidad académica que ha laborado por más de 40 años en favor de los estudiantes de educación especial.

Así lo denunciaron las profesoras María de los Á. Garay, de la Clínica de Educación Especial, y las profesoras Georgina Candal y Celeste Freytes González, del curso Derecho Constitucional a la Educación Especial, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

En una expresión conjunta, las profesoras señalaron que «es preocupante que esas 11 estipulaciones archivadas por el Tribunal se refieren a algunos de los asuntos más neurálgicos y esenciales para la educación de los estudiantes de educación especial, como lo es la transportación y el registro».

«De no proveerse la transportación, los estudiantes no tendrán acceso a sus escuelas, a sus terapias y de vuelta a sus hogares. No velar porque se lleve a cabo un registro formal con los requisitos de las garantías procesales de la ley será un retorno a 1980 cuando se extraviaban los documentos del registro y los niños y niñas pasaban años sin ser servidos», alertaron las profesoras de la Escuela de Derecho.

Añadieron que «los tribunales tienen la obligación de velar por el cumplimiento de sus sentencias a tenor con lo que establece la Ley de la Judicatura de 2003 en el Artículo 2.017(d). Esta acción envía un mensaje erróneo al Departamento de Educación, que por más de 20 años ha incumplido con esas estipulaciones, señalando que no tendrá que responder al requerimiento de información sobre su cumplimiento».

Las profesoras citaron las expresiones del Juez Asociado del Tribunal Supremo, Luis Estrella Martínez, en un incidente del caso y cita que «se desprende de la propia conducta desplegada por el Departamento, quien abierta y consistentemente ha incumplido y continúa incumpliendo con la sentencia por estipulación».

Concluyeron que les «alarma que el archivo de esas 11 estipulaciones sea una invitación velada al incumplimiento con la sentencia del Tribunal».