Esta semana se celebró una vista en el Tribunal de San Juan, en la que el Departamento de Hacienda defendió la validez constitucional de la llamada patente nacional. Además, afirmó, que los negocios que impugnaron su validez tienen disponibles remedios administrativos para resolver sus reclamos.

De interés:

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La controversia tuvo su génesis en diciembre, cuando el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) alertó públicamente que la implantación de la misma podría tener un efecto devastador para la industria de alimentos, para los consumidores y la economía del país. Es la Ley 40 la que establece una patente nacional cuya aplicación impondría una tasa promedio a la industria de supermercados entre el el 80% y 130%.

Luego de las expresiones, MIDA interpuso una demanda contra el Departamento de Hacienda. En su demanda, MIDA objeta la imposición de la patente, y levanta bandera roja en torno al mecanismo de la dispensa, pues las solicitudes de los negocios se evalúan sin que exista un reglamento que establezca criterios específicos respecto a cuándo se concedería y cuándo sería denegada. En la vista del viernes, el juez Ángel Pagán atendió una moción de desestimación que fuera presentada por los representantes del Departamento de Hacienda, en la que expusieron que no pueden frenar la contribución adicional sobre el ingreso bruto aprobada en junio pasado, con el propósito de cuadrar el presupuesto de este año fiscal. La representación legal, a cargo de la licenciada Claudia Juan, argumentó que el remedio de interdicto presentado por MIDA no puede detener la implementación del gravamen, pues es un recurso no disponible en casos donde la intención es impedir el cobro de una contribución.

Por su parte, la representación legal de MIDA y de Hatillo Cash & Carry (co demandantes), a cargo de los licenciados German Ufret y Kenneth Colón, contestaron que la patente nacional no es una contribución igual a otras, sino que esta supone un sobrecargo que podría gravar la totalidad de las ganancias de una empresa, así como de propiedades preexistentes.

Los abogados también señalaron que sus representados, dueños de negocios que pueden tener alto volumen en ventas pero escaso margen de ganancias, podrían verse afectados pues se les colocaría en una posición de vulnerabilidad con la implantación de la patente.

«Aquí hay gente que no va a tener ganancias, o va a tener ganancias mínimas o va a tener pérdidas, y tiene que pagar, y están hablando de tasas de 100%», sostuvo Colón durante la vista.

El Departamento de Hacienda estima que el nuevo impuesto puede recaudar $500 millones este año fiscal. Esos estimados fueron utilizados por el Gobierno al balancear el presupuesto vigente. El juez Pagán Ocasio se reservó el fallo, y dio a los representantes de MIDA hasta el viernes pasado a las 5:00 p.m. para que expongan por escrito su contestación a la moción del Departamento de Hacienda que solicita la desestimación del caso.

Los abogados de MIDA lograron que se extendiera hasta el 31 de enero del 2014 la fecha para que las corporaciones y otras entidades privadas pueden solicitar una dispensa en el pago de la contribución adicional que aminore su responsabilidad contributiva.

La fecha límite original era el 31 de diciembre.