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A través de las pasadas dos décadas el aumento en la demanda y en los costos de servicios de salud y la expansión de empresas de prestación de servicios directos y de apoyo ha ocasionado que sean más las instituciones privadas que contraten con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La actual situación económica de Puerto Rico, unido al ánimo de ganancia de estas empresas, ha resultado en una alta acumulación de atrasos de muchas aseguradoras con el pago de deudas con la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM). Así las cosas, estas empresas siguen contratando con distintas dependencias del Gobierno y beneficiándose de las estructuras públicas, sin haber cumplido con su obligación pecuniaria con el Gobierno de Puerto Rico.
La Rama Legislativa reconoce que la presente situación precaria en la que opera el Centro Médico de Puerto Rico es resultado de pobre financiamiento público y de las deficiencias en las gestiones de cobro por los servicios que provee la ASEM a compañías aseguradoras y a otras entidades gubernamentales. Es inaceptable que una entidad aseguradora aspire a acceder a la millonaria contratación gubernamental de la reforma de salud mientras no se ha puesto al día en sus deudas ni acordado un plan de pago con principal centro hospitalario del país.