Por la Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras de la Administración de Servicios Generales

Hay agencias que no siempre ocupan titulares, pero sostienen silenciosamente el funcionamiento del poder ejecutivo. La Administración de Servicios Generales es una de ellas.

Aunque mucha gente no podría explicar con precisión qué hace la ASG, sí vive las consecuencias de su trabajo todos los días. Porque detrás de los vehículos con los que se protege a nuestras comunidades y se transporta a nuestros estudiantes; detrás de los equipos, sistemas y suministros que permiten que el Estado funcione; y detrás del manejo de propiedad excedente estatal y federal para evitar desperdicio y darles utilidad pública a recursos valiosos, está la ASG.

La ASG no es una oficina ornamental ni una de trámite. Es una institución clave en la estructura del Estado. Le corresponde implementar la política pública de adquisición de bienes y servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico, administrar la flota gubernamental y manejar propiedad excedente estatal y federal. En otras palabras, atiende áreas neurálgicas del aparato público. Y cuando esas áreas se administran con seriedad, el ciudadano recibe servicios. Cuando se administran mal, lo que recibe es atraso, desorden y desconfianza.

En tiempos en los que estamos cansados de la improvisación, de la fragmentación y de las consecuencias de la mala gerencia pública, la ASG ha asumido la responsabilidad de modernizar sin debilitar el derecho, agilizar sin sacrificar controles y demostrar que la legalidad no es enemiga de la eficiencia, sino su mejor garantía. Para institucionalizar sus operaciones, no automatizamos procesos viejos; los rediseñamos de raíz para que respondan a la realidad del presente y al deber de rendir cuentas.

Ese esfuerzo tiene el norte de convertir las adquisiciones públicas en una herramienta de desarrollo económico y de buen gobierno. Recordando que contratar no es solo adquirir bienes o contratar servicios. Es dirigir el gasto público con inteligencia y promover competencia. Es cerrar espacios al favoritismo, haciéndole frente a la corrupción y a la mala administración con procesos confiables. Es asegurarse de que cada adquisición tenga un propósito claro y termine donde tiene que terminar: en servicio al ciudadano.

La ASG ha demostrado, además, que el derecho administrativo no tiene que ser una camisa de fuerza. Bien aplicado, es el andamiaje que protege al pueblo. Es la estructura que permite que la modernización no ocurra a costa de la transparencia, del debido proceso o del interés público, sino precisamente para fortalecerlos.

Esa visión también se ha materializado en la automatización de los procesos de adquisición. Gracias a ello, hoy hay mayor agilidad, mejor organización del trabajo y más transparencia en cada requisición y orden de compra. No se trata de tecnología por lucir moderna, sino de herramientas que nos permiten, como gobierno, responder mejor.

Lo mismo pasa con la flota gubernamental. Administrarla no es un asunto mecánico ni meramente registral. Es garantizar que el gobierno tenga la capacidad de moverse, responder y servir, manteniendo el control sobre gastos, cumplimiento, documentación y operación, entendiendo que cada vehículo oficial cumple una función pública. De igual forma, manejar responsablemente la propiedad excedente estatal y federal es rescatar valor, reubicar recursos útiles y evitar que bienes que todavía pueden servir terminen en el abandono o el desperdicio.

La ASG también ha dado paso a la inteligencia artificial y a nuevas plataformas de apoyo operacional, pero el valor no ha estado en adoptar tecnología por moda ni en automatizar procesos viejos sin cuestionarlos. La clave ha sido estudiarlos, entenderlos y rediseñarlos para que cada herramienta responda a problemas reales, simplifique donde antes había trabas y fortalezca la capacidad del Estado de actuar con mayor precisión y efectividad.

Así que, al final, la pregunta no es si la ASG es importante. La pregunta es cuánto de la vida pública depende de que exista una institución capaz de poner orden, legalidad y agilidad donde antes hubo dispersión, lentitud o improvisación. La respuesta es sencilla: mucho.

Porque en la ASG se decide mucho más que una compra. Se decide si el gobierno administra o despilfarra. Si rinde cuentas o se esconde. Si responde o se paraliza. Si el Estado te sirve o te falla.

Esto somos. Y me alegra poder hablarte más directo y con más frecuencia, porque rendirte cuentas también es parte de mi deber.