La Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR) anunció su oposición al "Reglamento de Cuentas CIFFA para Abogados, Abogadas y Bufetes", promovido por la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia, Inc. , a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 165-2013. Dicha Ley creó el "Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico".

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Según señaló el Lcdo. Héctor R. Ramos, presidente de la AAPR, por virtud de la referida Ley y el Reglamento que se adoptaría al amparo de la misma, se pretende que los abogados en Puerto Rico abran cuentas de banco especiales para cada cliente y que las mismas estén sujetas a inspección por la referida Fundación. Además se requiere que los abogados establezcan en sus oficinas un expediente digital para cada cliente que también estaría sujeto a inspección por la Fundación. Tales exigencias tendrían carácter retroactivo.

"Lo que pretenden hacer mediante el Reglamento y la ley tiene cortes totalitarios y violaría la confidencialidad dela relación entre un abogado y su cliente. Los expedientes que le serían requeridos a un abogado mantener sobre su cliente contendrían información sobre los pagos y desembolsos efectuados desde dicha cuenta y los conceptos de los mismos. Una cosa es mantener un récord de las gestiones y trabajos llevados a cabo para un cliente y otra muy distinta es divulgar a terceras personas el contenido de las mismas", señaló Ramos.

El Lic. Ramos añadió que la Ley que crea la Fundación y el propuesto Reglamento contravienen el precepto constitucional, reafirmado judicialmente, que reserva al Tribunal Supremo de Puerto Rico la potestad exclusiva de supervisar la profesión de abogado en Puerto Rico.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la AAPR, Lic. Francisco J. González Magaz, expuso que "el propuesto reglamento es sumamente confuso y que afecta negativamente a los abogados que practican por su cuenta y tienen operaciones pequeñas, a quienes les sería sumamente costoso montar la estructura operacional y administrativa para cumplir con los requisitos impuestos, que además invaden el privilegio abogado-cliente. Como si fuera poco, tanto la Ley, como el Reglamento propuesto, incorporan en la Junta del Fondo a una entidad privada con intereses propios que es el Colegio de Abogados, a la cual también se autoriza a emitir identificaciones como si fuera una autoridad pública. Los defectos de forma y constitucionales hacen de la Ley y su Reglamento impropios e ilegales. La Asociación continuará velando por los mejores intereses de la profesión y de la comunidad a la que servimos con el mismo ímpetu que ha demostrado desde su fundación".