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Por Daniel Rivera Vargas

En los próximos meses, se espera que el Tribunal Supremo federal emita una opinión adversa a la comunidad LGBTIQ. Esta predicción se basa en lo ocurrido la semana pasada durante una vista oral en un caso sobre los derechos de jóvenes trans, según el análisis del licenciado Carlos Chévere, quien revisó detalladamente lo acontecido en la audiencia.

En el caso EE.UU. contra Skrmetti, el Tribunal Supremo federal fue encargado de determinar hasta qué punto las protecciones de la Constitución federal resguardan a las personas transgénero frente a la discriminación derivada de legislaciones estatales. Este caso se centra en el estatuto SB1 de Tennessee, una ley que prohíbe a los menores de edad acceder a tratamientos médicos de afirmación de género.

En la vista participaron los representantes legales de los menores y sus padres, quienes apoyan el acceso a los tratamientos de afirmación de género, junto con la administración Biden. Por el otro lado, estuvieron los representantes legales del estado de Tennessee, defendiendo la constitucionalidad del estatuto SB1.

El licenciado Chévere explicó que la controversia se centra en el principio de igualdad ante la ley y la clasificación basada en el sexo, específicamente sobre el nivel de escrutinio judicial que debe aplicarse al estatuto en disputa. El Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito sostuvo que debía usarse un escrutinio racional, el cual es más deferente hacia la legislatura, favoreciendo al gobierno estatal de Tennessee.

Por otro lado, los menores y la administración Biden argumentaron que se debe aplicar un escrutinio intermedio, más riguroso, debido a que involucra una clasificación basada en el sexo.

Al finalizar la vista, el licenciado Chévere considera que la postura de los jueces parece inclinarse a favor del estado de Tennessee y su ley en contra de los derechos de las personas trans. Sin embargo, señaló que el margen de los votos sigue siendo incierto, dado que el juez Neil Gorsuch no expresó ninguna opinión durante la audiencia.

«Eso me pareció interesante que no haya hecho comentarios porque usualmente es una persona que hace muchas preguntas en la argumentación oral», dijo Chévere.

Pero aun si Gorsuch se uniera a los jueces de tendencia liberal o si se abstuviera, siguen quedando cinco votos de jueces conservadores cuyas expresiones en la vista daban la impresión de favorecer al estado.

Por ejemplo, el más veterano de los jueces, Clarence Thomas, preguntó si podía tratarse en realidad de una restricción por edad y no de sexo. Chévere entiende que es un cuestionamiento que deja ver la inclinación a aplicar un escrutinio racional al evaluar el estatuto.

Luego, el juez Samuel Alito cuestionó la «evidencia abrumadora de los beneficios de tratamientos afirmativos de genero», y lo hizo mediante estudios de otros países, que alegan supuestos riesgos «potenciales» de estos tratamientos, planteó Chevere.

«Me pareció un poco hipócrita. Estos jueces cuando le conviene dicen que los recursos internacionales o evidencia internacional no tiene cabida en el derecho de Estados Unidos pero en la argumentación él (Alito) estaba usando evidencia de otros países», dijo Chévere.

Mientras, el juez Bret Kavannaugh -en postura a la que también se unió Alito- habló de la neutralidad legislativa, argumentando que el tribunal debería evitar decisiones de asuntos médicos complejos y dejarlas a los estados y sus legisladores democráticamente electos.

Chévere expresó preocupación con este discurso, por lo que ha representado en la historia de Estados Unidos. «Me parece fuera de base hablar de la neutralidad legislativa. Es como darle para atrás al tiempo, al siglo XIX, y permitir que los jueces no intervengan en cosas como la segregación, que es como en este caso bajo Igual Protección de las leyes», sostuvo.

Asimismo, el licenciado Chévere destacó un intercambio entre los abogados del estado y la jueza Sonia Sotomayor, quien enfatizó que este caso claramente implica una clasificación basada en el sexo. Según Sotomayor, esto requiere la aplicación de un escrutinio intermedio, el cual busca equilibrar los intereses estatales con las necesidades de los individuos afectados.

La jueza Ketanji Brown Jackson reforzó los argumentos de Sotomayor al plantear que aunque la posición de Tennesse es que la ley tiene propósitos médicos, la realidad es que esos propósitos están basados en sexo, una clasificación que amerita un mayor escrutinio y menos deferencia a la legislatura.

Cuando se le preguntó a Chévere sobre lo discutido en la vista respecto a la posible deferencia que se debe otorgar a los padres en la toma de decisiones sobre sus hijos —en este caso, a favor de los tratamientos de afirmación de género solicitados por menores trans—, explicó que el tribunal no consideró este argumento como uno de los puntos centrales ante el foro, por lo que apenas fue discutido.

«Me parece interesante como obvian discutir este tema porque el derecho de los padres de decidir por los hijos proviene de la misma fuente del derecho del aborto, que fue derogado, el principio de libertad del debido proceso de ley en la decimocuarta enmienda y los derechos no enumerados», precisó.